Cuarenta y ocho horas después empezaron a presentarse en los juzgados capitalinos. La resolución del presidencia bonaerense de prohibir el idioma inclusivo en las escuelas de la urbe, y de sancionar a las y los docentes que lo apliquen, generó los primeros amparos en su contra.
La legisladora del FDT y docente, Laura Velasco, junto a la Coordinadora Argentina por los rectilíneo Humanos (CADH) realizaron un amparo colectivo en contra de la longitud de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, con el fin de proteger integralmente los rectilíneo de les integrantes de la comunidad instructivo, en lo relativo al derecho a la Identidad y a la instrucción, en especial a la instrucción Sexual Integral, al derecho a la Dignidad Humana, a la Igualdad y a la No Discriminación: “Se pretende a través de una prohibición cambiar un fracaso educativo que no tiene que ver con la visibilidad de unidad de variedad sino con el sistema que el GCBA tiene en materia instructivo”, explica el escrito. Algo que la propia gobernante de instrucción, Soledad amonedar, lo preveía: “Es esperable, estamos acostumbrados”, declaró el sábado.

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“amonedar debería estar preocupándose por no atrasar en una sociedad que avanza en un sentido de igualar rectilíneo y por gestionar su área en una urbe con enorme presupuesto y que, sin embargo, tiene escuelas sin gas, comida en mal estado en los comedores y miles de estudiantes sin vacante todos los años”, manifestó Velasco, quien integra las comisiones de instrucción y Mujeres, Géneros y Diversidad en la Legislatura porteña.
La presentación califica la longitud de Larreta y su gobernante como “prohibitiva, censuradora, aleccionadora, contradictoria con las comunicaciones del propio presidencia bonaerense en sus redes y páginas oficiales, además de discriminatoria y contraria a la libertad de expresión, la igualdad, la identidad de variedad y la ESI”.
La longitud busca suspender la Resolución N° 2566/MEDGC/22 del Ministerio de instrucción bonaerense para “que se permita a les integrantes de la comunidad instructivo hacer uso del idioma inclusivo en todas sus formas y variantes, especialmente aquellas que mediante la utilización de las letras ‘E’, ‘X’, ‘@’, etc, buscan nombrar e incluir en el idioma oral y escrito a aquellas unidad que no se identifican con el binomio varón-mujer y declarando expresamente que su utilización no acarrea ningún tipo de sanción, incumplimiento, reproche, descalificación, etc. Y agrega que es una prohibición a un modo válido de expresarse que genera la negación e invisibilización de diversas unidad de variedad no binarias.

Otro amparo fue presentado también hoy por Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, y la secretaria Gremial de Ademys, Vanesa Gagliardi, ante la juezaMaría Rosa Cilurso, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 22.
“Esta resolución es profundamente antidemocrática y contraria la Constitución nacional y de la urbe. Es un gesto a los sectores antiderechos y al electorado de Milei, por parte de una gobernante que pretende ser candidata en el 2023”, completó Velasco. Además, no tiene ningún tipo de fundamento científico.

Atrasa y discrimina. “amonedar busca reducir la libertad de expresión y los rectilíneo de variedad reconocidos por ley. Frente a esta longitud tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derechodemocrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el idioma inclusivo; la caída en la comprensión de textos empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba”, planteó Fierro.
Gagliardi apuntó a la falta de computadoras y de conectividad del estudiantado durante la pandemia como un factor de incidencia neta en el deterioro pedagógico: “Si no se revierten estos problemas estructurales,prohibir en forma arbitraria el uso de la ‘e’ o la ‘equis’ sólo implica discriminar y cercenar rectilíneo”.