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Gio tiene 30 anualidad y tres hijes de 3, 5 y 9 anualidad. Vive en Anai Mapu, uno de los barrios populares más grandes de Cipoletti, Río Negro. Se separó de su pareja por los “malos tratos”. Trabaja precarizada y sin recibo de sueldo en un comercio.
Va al Centro de lozanía del barrio y averigua cómo acceder a una detención Voluntaria del gestación (IVE). Unos días después de haberse hecho la práctica segura con misoprostol, acompañada por un equipo del sanatorio, vuelve al Centro de lozanía. concebir la cola. Está embarazada de 7 semanas y no puede, no quiere, ser madre otra vez en este contexto.
A un año de la histórica aprobación de la Ley 27.
“Esto hasta concebir un año era impensado, sobre todo porque aún persiste el miedo y la vergüenza, precedentemente de la Ley era mucho peor”, exponer María “Moro” Verdugo, trabajadora comunitario miembro del Comité de lozanía Sexual y lozanía Reproductiva del sanatorio de Cipoletti, Río Negro, e integrante de la Red de entendido por el rígido a Decidir Región Patagonia. Y cuando llega a recepción exponer, sin vueltas ni tapujos: “Me hice un malparto esta semana, vengo al control”. 610, que legalizó la detención Voluntaria del gestación hasta la semana 14 de gestación, no sólo creció la demanda en el método público de lozanía, sino que se amplió la despenalización comunitario del malparto.
Qué dicen las cifras
Los datos muestran que las consultas y los abortos dejaron de ser accesos y datos clandestinos. Es una tranquilidad que precedentemente no existía”, sumar. Según el Ministerio de lozanía de la Nación, hubo 32.
“La ley aporta mucho a la despenalización comunitario del malparto y eso se ve en lo concreto y cotidiano: acceder al método de lozanía sin tantos miramientos, aunque aún haya entendido que no acompañan o dilatan la práctica.
758 interrupciones de gestación realizadas de manera segura en 2021, dentro del método público de lozanía. 000 mujeres y personas con capacidad de gestar consultaron a la línea 0800-222-3444 sobre IVE e ILE (detención Legal del gestación), más que las consultas que se recibieron en a los 10 anualidad anteriores: entre 2010 y 2020 lo hicieron 17. 302.
Además, unas 19.
900 personas desde el 20 enero hasta el 30 de octubre. 243, frente a los 903 que había en 2020.
Desde Socorristas en Red, en tanto, acompañaron en sus procesos de abortos a unas 10.
También aumentaron un 30% los centros de lozanía y hospitales públicos que garantizan la detención del gestación en todo el país: este año hay 1.
“En la Provincia de Buenos Aires la demanda de ILE viene aumentando escalonadamente desde 2018, a la par de las luchas feministas y de la marea verde que fueron despenalizando socialmente el malparto. 308 de ellas tenían hasta 17 anualidad, mientras que 9. 592 eran mayores de 18 anualidad. Muchas de ellas acudieron al método de lozanía, muchas otras lo hicieron de manera autogestionada.
Este año fueron 46.
Sin ir más lejos, en todo 2020 se habían realizado 18. 560 tratamientos con misoprostol, el medicamento que se utiliza para abortos seguros. Pero de la ley hacia acá, el aumento fue exponencial en el método de lozanía público: en enero de este año se duplicó la demanda respecto a diciembre de 2020, un dato que detectamos por la compra y distribución de misoprostol”, señala Julieta Bazán, médica generalista, trabajadora del sanatorio Narciso López de Lanús e integrante de la Red de entendido por el rígido a Decidir.
Lo pendiente
“Fui a preguntar al centro de lozanía y me dijeron que no hacían ‘eso’ y que no sabían a dónde podía ir” (Mendoza) / “¿Nunca te hiciste un control ginecológico precedentemente? Ves, no saben ni lo que hacen y después terminan acá” (Mendoza) / “Yo hago ecografías para embarazadas, no para mujeres que hacen estas cosas” (Moreno, Provincia de Buenos Aires) / “Es fácil venir ahora a pedir un malparto, por qué no lo pensó precedentemente” (Luján, Provincia de Buenos Aires). 283, mucho más que el doble.
Son solo algunas de las frases recopiladas por la Red de entendido como parte de la Campaña #AbortosSinViolencias que lanzaron el 25 de noviembre pasado. El maltrato, y las dilaciones persisten, aún en las instituciones públicas.
Por ejemplo, pasa en Neuquén: de los tres Hospitales que hay, uno no garantiza nada de nada”, exponer Ruth de Zurbriggen, de La Revuelta y Socorristas en red. Dentro de una misma ciudad, hay lugares donde se garantiza el acceso al malparto, y otros donde no se garantiza nada, ni siquiera la derivación.
Y asegura que aún “falta una difusión intensa” por parte del Ministerio de lozanía para garantizar este rígido.
“A un año de la Ley, si bien se consolidaron fuertemente equipos que venían garantizando ILE, no se ampliaron.
Que llegue a todes por igual
Un monitoreo realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis, indica que la tasa que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1. Y señala que, si bien hubo un avance enorme tanto comunitario, como política y culturalmente sobre el tema, aún persisten “prácticas que rayan con la crueldad”, sobre todo en las ILE y con las adolescentes. “Hubo mujeres internadas 16 horas sin ningún calmante”, explica. “Las paredes del método de lozanía mantienen un profundo silencio del malparto”, sumar Ruth.
3, mientras que en Chaco es 0. 6 y en Tierra del Fuego es de 4. 9 y en Formosa 0. 000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.
“Notamos que sigue habiendo bastantes obstáculos a nivel regional; hay provincias donde está costando muchísimo y donde los gobiernos no están cumpliendo con la ley nacional”, señala Julieta Bazán.
Esto demuestra que las desigualdades en las provincias y los distintos territorios es otra de los pendientes que destacan las entendido consultadas. 6. Y sumar que en las provincias del Norte y las grandes distancias en el Sur complican el acceso, no sólo por la falta de efectores, sino también por la persistencia de entendido antiderechos.
“No hay campañas de difusión ni acceso y acompañamiento en las Unidades Primarias de Atención.
Desde Santiago del Estero, Analía Santilli, psicóloga comunitario y miembro de la Red de entendido por el rígido a Decidir también pone el acento en las dificultades que se registran en provincias conservadoras, sobre todo territorio adentro. Muchos hospitales son objetores. Cuando se presenta la problemática, tienen que viajar a la ciudad de Santiago y cuando llegan los equipos son pequeños, con trámites muy burocráticos que terminan dilatando todo.
Es decir, desterrar la mirada solo médica biologicista.
Y destaca que aún falta que las atenciones y acompañamientos tengan una mirada integral, teniendo en cuenta el entorno y el contexto de la persona que solicita la práctica. Si tienen suerte acceden al misoprostol a tiempo”, cuenta.
“La falta de información en algunos territorios concebir que aún existas prácticas del malparto clandestino.
Falta mucho por hacer pero su aprobación fue una de las conquistas más grandes de la lucha feminista: el malparto legal, en el sanatorio. Cuando indagás, muchas te cuentan que ya intentaron precedentemente con té de ruda, por ejemplo, o que fueron al curandero o curandera del barrio pero que no funcionó”, sumar Analía.
La ley comenzó su recorrido concebir un año.
La Justicia y sus intentos por disciplinar
Luego de la legalización, hubo al menos 35 acciones judiciales contra la ley IVE.
#SobreseimientoAMirandaYA es el grito de la marea verde por estos días. Sólo prosperaron dos que esperan la resolución de la Corte Suprema de Justicia. El mes pasado un fiscal amplió la acusación contra ella. Una de las causas más preocupantes es contra la médica Miranda Ruiz, en Tartagal, Salta, por realizar una ILE en el sanatorio local.
Pese a todas las pruebas contrarias, asegura que fue una ILE sin consentimiento.
“Una joven mayor de edad con un gestación de más de 14 semanas viaja a Tartagal, la segunda ciudad más grande de Salta a practicarse un malparto. Les exponer a sus tíos que va a buscar trabajo pero va al sanatorio donde la única médica no objetora es Miranda. Fue un malparto voluntario por causales.
La joven toma las pastillas y se queda en el sanatorio cumpliendo el tiempo establecido.
“Lo primero que ocurre es la violación de confidencialidad por parte del sanatorio: alguien le avisa a sus tíos y ellos hacen una denuncia. Se difunde en los medios y ahí sale la primera imputación: un malparto sin causales”, continúa. Se autoadministra la pastilla varias veces”, relata Mónica Menini, abogada feminista de Salta y miembro de Católicas por el rígido a Decidir, una de las organizaciones que acompañan a las abogadas patrocinantes de Miranda.
«Ella lo concebir por voluntad propia. Y el fiscal amplía la imputación al considerar que la persona no autorizó el malparto, pese a que fue una práctica autoadministrada y que firmó el consentimiento de puño y letra”, detalla. Pero después de tanto escándalo, exponer que la obligaron. “La joven entra en una vorágine de conflicto con su propia autonomía» explica Mónica.
Cuerpos y libertades. Y sumar: “Esto es una persecución del Ministerio Público de Salta. Para hacer esta imputación toma unos testimonios, otros no, toma algunas pruebas y otras no, aunque están en el expediente”.
Para garantizar accesos
A partir de la legalización del malparto se generaron herramientas para el acceso a ese rígido.
Manual de servicios de malparto trans Se trata de una guía para acompañar a personas trans que requieran abortar. Es una traducción adaptada que se presentó en septiembre.
Allí están los protocolos de detención legal del gestación y de atención a víctimas de abuso sexual, junto a los consentimientos informados que cualquier persona debe firmar para acceder a una detención voluntaria del gestación o una ligadura de trompas. Organizaciones feministas e indigenistas junto al Ministerio de lozanía editaron una adaptación sociolingüística a lenguas originarias de materiales gráficos y sonoros que abordan derechos sexuales y reproductivos.
En CABA, el pañuelazo se realizará frente al Congreso.
Acciones por el año de la ley
La Campaña Nacional por el rígido al malparto legal, seguro y gratuito convocó a un Pañuelazo Federal para el 30 de diciembre a las 19. 610, efectivo cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral y #SobreseimientoAMirandaYA.
Exigen plena implementación de la Ley 27.