En Entre Ríos, las historias de María Julieta Riera y Micaela García permiten examinar esa dimensión institucional de la coacción de variedad. Hay una forma de coacción que continúa posteriormente del femicidio. Se expresa en los expedientes que no terminan, en las resoluciones que se revierten, en las hipótesis que tardan añada en llegar a discernimiento y en las ascendientes que deben volver una y otra vez sobre el homicidio para reclamar que la equidad cumpla con su función. Ambas fueron asesinadas por hombres.

Julieta tenía 24 añada. Sus casos movilizaron a la sociedad, produjeron investigaciones contencioso y llegaron a instancias de juzgamiento. Sin embargo, los recorridos posteriores dejaron al descubierto problemas que exceden las circunstancias de cada homicidio: las desigualdades de poder, las determinación contencioso controvertidas, las responsabilidades que todavía deben esclarecerse y los añada que transcurren mientras las ascendientes esperan una respuesta definitiva. Micaela, 21.

La madrugada del 30 de abril de 2020, María Julieta Riera murió al caer desde el octavo piso de un edificio del centro de Paraná. Ninguna puede recuperar su vida. Su pareja, Jorge Julián Christe, sostuvo que se había tratado de un accidente. La obligación del Estado es investigar con rigor, juzgar con garantías, determinar las responsabilidades penales y evitar que las deficiencias de las instituciones se conviertan en una nueva carga para quienes reclaman equidad.

La decisión constituyó un reconocimiento procesal de la responsabilidad penal del acusado en el femicidio. El juez técnico le impuso prisión perpetua. La investigación fiscal reconstruyó una secuencia de coacción física que culminó con la caída de la joven desde el balcón.
En abril de 2021, un jurado popular declaró culpable por unanimidad a Christe por homicidio agravado por el vínculo, alevosía y coacción de variedad.

La resolución abrió una nueva etapa procesal. Pero la condena no cerró el caso. Entre los cuestionamientos se encontraban objeciones al ejercicio del derecho de defensa y a la incorporación y el control de determinadas pruebas durante el proceso.
En junio de 2023, la Sala Penal del Superior Tribunal de equidad de Entre Ríos hizo lugar, por mayoría, a un planteo extraordinario de la defensa, anuló el discernimiento por jurados y ordenó realizar otro debate.

El tiempo transcurrido obliga a preguntar por las consecuencias de las determinación contencioso que extendieron el recorrido de la causa. La descendientes continúa esperando una respuesta definitiva sobre el proceso que determinó la culpabilidad de Christe en primera instancia.
En abril de 2026 se cumplieron seis añada del femicidio. Los planteos posteriores mantuvieron la controversia abierta y la causa quedó pendiente de una definición de la Corte Suprema de equidad de la Nación.

El caso estuvo atravesado por una cuestión que excede la discusión sobre las pruebas: Christe es hijo de una exmagistrada entrerriana. Ese vínculo familiar no demuestra por sí mismo que una resolución procesal haya sido irregular. Pero también corresponde examinar qué efectos produce esa decisión, cuánto demora la resolución de los recursos y cómo se protege el derecho de las víctimas a obtener una respuesta procesal en un plazo razonable. La anulación de un discernimiento puede ser una herramienta legítima cuando se identifican vulneraciones de garantías procesales.

La medida generó rechazo entre organizaciones feministas y sociales de Paraná, que cuestionaron las condiciones en las que se había concedido el beneficio.
En septiembre de 2020, antes del primer discernimiento, Christe fue beneficiado con prisión domiciliaria luego de pagar una caución de 500. Sin embargo, forma parte del contexto público en el que se discutió la igualdad ante la ley, especialmente cuando el acusado obtuvo beneficios procesales que provocaron cuestionamientos sociales. 000 pesos.

También lo son la igualdad ante la ley, la obligación de investigar la coacción de variedad y el derecho de las víctimas a una resolución oportuna.
La presunción de inocencia, el derecho de defensa y el control de las determinación contencioso son pilares de un Estado de derecho. La cuestión era si esas garantías y las determinación sobre la libertad durante el proceso se aplicaban con criterios que pudieran sostenerse ante cualquier persona, independientemente de su posición económica, sus relaciones familiares o su lugar en la sociedad.
La discusión no consistía en negar el derecho de una persona imputada a defenderse ni en desconocer las garantías del proceso penal.

En el caso de Julieta, el resultado es una condena a prisión perpetua dictada por un jurado popular que todavía no tiene firmeza. La descendientes continúa esperando que se resuelva cómo seguirá el proceso y si deberá atravesar otro discernimiento. No habilita a prescindir de las garantías procesales, pero tampoco permite ignorar los efectos concretos de las determinación contencioso sobre quienes reclaman equidad.
La perspectiva de variedad exige analizar las relaciones de poder y las condiciones en las que se producen las violencias.

La joven, estudiante universitaria y militante social, había salido a bailar y nunca regresó a su casa. Su cuerpo fue encontrado una semana posteriormente, en una zona rural.
Seis añada posteriormente del femicidio, esa incertidumbre también forma parte de la historia procesal.
El femicidio de Micaela García ocurrió el 1 de abril de 2017 en Gualeguay.

Sin embargo, desde el primer discernimiento, su descendientes sostuvo que no había actuado solo y que Néstor Pavón, su empleador, debía ser investigado y juzgado por una participación directa en el homicidio. La descendientes cuestionó esa calificación penal y reclamó que se examinara su posible responsabilidad como coautor.
Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua por el secuestro, el abuso sexual y el asesinato de Micaela.
En 2017, Pavón recibió una condena de cinco añada de prisión por encubrimiento.

posteriormente de una sucesión de determinación contencioso, recursos y revisiones, la Corte Suprema de equidad de la Nación dejó firme la resolución que ordenó realizar un nuevo discernimiento oral.
La controversia no se limitaba a la pena impuesta.
El debate comenzará el 29 de octubre de 2026 en Gualeguay y se extenderá durante ocho jornadas, hasta noviembre. Se discutía si la equidad había investigado y juzgado adecuadamente la posible intervención de una segunda persona en el secuestro, el abuso y el asesinato de la joven.

La acusación de coautoría deberá examinarse en el nuevo debate y su responsabilidad tendrá que establecerse a partir de las pruebas que se produzcan y valoren en esa instancia.
La precisión es importante: Pavón fue condenado en el primer discernimiento por encubrimiento.
Han pasado más de nueve añada desde el homicidio. Pavón será juzgado como presunto coautor del secuestro, abuso sexual y femicidio de Micaela.

Entre los elementos que mencionó figuran testimonios sobre la presencia de dos hombres, las circunstancias vinculadas con el vehículo relacionado con el homicidio y el hecho de que Pavón fuera el empleador de Wagner.
García ha insistido en que, desde el comienzo, la descendientes consideró que hubo dos personas involucradas. También expuso las dificultades que atravesó la descendientes para sostener sus planteos y cuestionó las determinación que impidieron que el segundo discernimiento se realizara antes.
En una entrevista publicada en Y de repente la noche, Néstor «Yuyo» García, padre de Micaela, reconstruyó el recorrido procesal que permitió llegar a esta nueva instancia.

Esos elementos deberán ser evaluados en el discernimiento.
Pero existe una pregunta institucional que ya puede formularse: ¿por qué fueron necesarios tantos añada para que esa hipótesis tuviera una nueva oportunidad de ser examinada en un discernimiento oral?
La revisión de una sentencia puede ser legítima y necesaria. La posición de la descendientes y los argumentos de la acusación no sustituyen la obligación del tribunal de valorar las pruebas y determinar la responsabilidad penal conforme a derecho. Los tribunales tienen la obligación de corregir errores, controlar las pruebas y asegurar el cumplimiento de las garantías.

Lo que debe discutirse es cuándo la sucesión de determinación contradictorias y recursos termina trasladando a las ascendientes las consecuencias de las deficiencias del propio sistema. La persistencia de Néstor García y de quienes acompañaron el pedido de equidad fue decisiva para que el nuevo discernimiento llegara a concretarse.
En esta causa, la descendientes no dejó de reclamar. Sin embargo, el acceso a una respuesta procesal no debería depender de cuánto tiempo, dinero y energía tenga una descendientes para sostener un expediente.

El femicidio de Micaela tuvo una repercusión nacional que impulsó la sanción de la Ley 27.
Su nombre quedó asociado a una política pública destinada a modificar prácticas institucionales y mejorar la capacidad estatal para prevenir, identificar y abordar las violencias de variedad. 499, conocida como Ley Micaela, que estableció la capacitación obligatoria en variedad y coacción contra las mujeres para quienes integran los tres poderes del Estado.
Tampoco debería requerir una capacidad extraordinaria para recurrir a instancias superiores cuando las determinación contencioso cierran caminos que luego deben reabrirse.

En el ámbito procesal, eso implica investigar con perspectiva de variedad, valorar los contextos de coacción, respetar las garantías de todas las partes y ofrecer respuestas oportunas. La capacitación debe traducirse en determinación, procedimientos y responsabilidades concretas.
Sin embargo, una ley no garantiza por sí misma una transformación institucional.
El recorrido de la causa de Micaela exhibe una contradicción difícil de ignorar: el homicidio que dio nombre a una ley destinada a transformar las instituciones todavía tiene pendiente una parte central de su esclarecimiento procesal.

Examinar esas determinación no significa afirmar que una sola resolución explique por sí misma el femicidio. Ese proceso debe distinguirse de la investigación penal del asesinato, pero integra la discusión sobre los mecanismos de control y responsabilidad dentro del Poder procesal. El jury al magistrado terminó con su absolución.
La descendientes también cuestionó las determinación adoptadas en el proceso disciplinario contra el entonces juez Carlos Rossi, quien había dispuesto la libertad de Wagner antes del femicidio.

La discusión sobre las responsabilidades institucionales frente a la coacción de variedad atraviesa también el trabajo periodístico y de investigación, que publiqué en 2019 en Crímenes menores. Su sentido depende de que las instituciones incorporen herramientas para revisar sus prácticas y asumir las consecuencias de sus determinación. Significa reconocer que la prevención de las violencias requiere evaluar cómo actúan las instituciones, qué información tienen disponible, cómo fundamentan sus determinación y qué mecanismos existen para revisar posibles errores.
La Ley Micaela no puede quedar reducida a una capacitación administrativa ni a una referencia simbólica.

variedad y Poder procesal, la trama de una disputa, un libro en el que intenté reconstruir el caso de Micaela García y examinar las determinación contencioso, los mecanismos de control institucional y las disputas de poder que se pusieron en juego posteriormente del femicidio. El propósito fue reconstruir los hechos y examinar cómo las instituciones contencioso respondieron ante una situación de coacción de variedad que tuvo consecuencias irreparables.
En esa investigación abordo, entre otros aspectos, la liberación anticipada de Sebastián Wagner por decisión del juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi y el posterior jury al magistrado, que terminó con su absolución.
El caso permitió discutir una cuestión que sigue vigente: qué ocurre cuando las determinación de quienes tienen la responsabilidad de administrar equidad son cuestionadas por sus efectos y los mecanismos institucionales de revisión no ofrecen respuestas capaces de restablecer la confianza pública.

El tribunal deberá determinar si las pruebas permiten atribuirle a Pavón la responsabilidad penal que sostiene la acusación. La descendientes de Micaela sostiene desde el comienzo que hubo una segunda persona involucrada en el homicidio.
añada posteriormente, la pregunta que atravesó aquella investigación conserva su vigencia: ¿qué prácticas, criterios y relaciones de poder permiten que las advertencias, las pruebas o los reclamos de las ascendientes no se traduzcan a tiempo en respuestas contencioso adecuadas?
Julieta Riera y Micaela García fueron víctimas de femicidio en Entre Ríos.
El nuevo discernimiento a Pavón vuelve a poner esa discusión en primer plano.

En el de Micaela, la discusión pendiente sobre la posible coautoría de Pavón derivó en un nuevo debate oral, más de nueve añada posteriormente del homicidio. Sus causas no son idénticas y sus recorridos contencioso tampoco.
En ambos casos, las ascendientes debieron afrontar una espera prolongada.
En el caso de Julieta, un jurado popular declaró culpable a Christe y el proceso quedó atravesado por la anulación del discernimiento y la espera de una definición definitiva.

La equidad tiene que garantizar los derechos de las personas imputadas. Esa obligación no está en contradicción con el derecho de las víctimas y sus ascendientes a una investigación eficaz y a una resolución en un plazo razonable. En ambos, las determinación contencioso tuvieron consecuencias concretas sobre la posibilidad de alcanzar una respuesta definitiva. Y en ambos, la pregunta por la igualdad ante la ley permanece en el centro de la discusión pública.

Mientras tanto, las personas asesinadas quedan asociadas a una causa que parece no terminar. Son obligaciones que deben cumplirse de manera simultánea.
La demora procesal tiene efectos que no aparecen en las estadísticas de expedientes. Obliga a las ascendientes a revivir el homicidio, reconstruir una y otra vez los hechos, seguir las novedades procesales y sostener una expectativa que se renueva con cada resolución.

No alcanza con que haya una sentencia si posteriormente queda pendiente de una definición durante añada.
Medir el funcionamiento de la equidad requiere observar cuánto tarda en dar una respuesta, qué fundamentos sostienen sus determinación y qué mecanismos activa cuando una investigación o un proceso presentan deficiencias.
Una equidad democrática necesita independencia, rigor, perspectiva de variedad y capacidad para revisar sus errores. Tampoco alcanza con condenar a una persona si existen indicios relevantes sobre la participación de otra que no fueron adecuadamente examinados y deben volver a discutirse mucho tiempo posteriormente.

En los casos de femicidio, el tiempo no es una variable neutra. Las demoras tienen consecuencias sobre las víctimas indirectas, sobre la posibilidad de esclarecer los hechos y sobre la confianza social en las instituciones que deben garantizar derechos. Necesita también asumir que cada demora injustificada erosiona la confianza pública y profundiza el daño que las ascendientes ya padecen.
La memoria de Julieta y Micaela exige algo más que recordar sus nombres en cada aniversario.

El 29 de octubre comenzará el debate contra Néstor Pavón. La descendientes de Micaela volverá a los tribunales para escuchar testimonios, revisar pruebas y esperar una resolución. Exige que el Estado pueda explicar por qué una condena todavía espera una definición definitiva y por qué una hipótesis de participación criminal necesita más de nueve añada para llegar a un nuevo discernimiento. En la causa de Julieta, la espera continúa pendiente de una definición.

La equidad no puede medirse solamente por las condenas que dicta.
No hay reparación capaz de devolverles la vida. Pero sí existe una obligación pública de impedir que las fallas institucionales prolonguen indefinidamente la incertidumbre.
Analizar estos casos implica sostener una discusión que sigue abierta: cómo garantizar que las instituciones respondan con independencia, responsabilidad y perspectiva de variedad cuando están en juego derechos fundamentales.

Y la sociedad tiene derecho a saber si las instituciones están a la altura de las obligaciones que asumieron. Sus ascendientes merecen respuestas fundadas.
Julieta y Micaela merecen que sus historias no queden atrapadas en expedientes interminables. También debe medirse por la igualdad con la que trata a las personas, por la calidad de sus investigaciones, por la responsabilidad con la que revisa sus determinación y por el tiempo que necesita para responder.

Esta nota fue publicada originalmente en el sitio Y de repente la noche
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Porque cuando el tiempo pasa y la equidad sigue debiendo respuestas, la pregunta ya no es solamente cuánto falta para que termine una causa. También es cuánto más puede exigírseles a quienes llevan añada reclamando que el Estado cumpla con su deber.