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Fue condenada en 2015 luego de sufrir un parto en avalancha durante el cual no recibió ninguna asistencia.
Paola Ortiz estuvo más de trece anualidad presa por una emergencia obstétrica. La Sala cárcel del Tribunal Superior de ecuanimidad (TSJ) de Córdoba ordenó la inmediata voluntad de Paola Ortiz luego del pedido de repaso de su resolución que habían presentado las jurisconsulto Rocío García Garro, de la Guardia sufragista de jurisconsulto de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, y Julia Luna. El fallo actual analizó los hechos con vista de clase y tuvo en cuenta el contexto de inseguridad de la mujer a la hora del parto.
Seguimos haciendo historia”, expresó la referente del espacio, Mónica Menini. Gracias a la fuerza, la convicción y la decisión de Paola de cambiar su propia historia y hacer escuchar su propia voz, y a la potencia de los feminismos que demostramos, una vez más, que organizadas podemos transformar la realidad, hoy esta historia tiene un nuevo capítulo”, expresaron desde Católicas por el Derecho a Decidir.
“La potencia de los feminismos que siempre demostramos que organizadas, nuestro movimiento ha transformado y sigue transformando la realidad.
“Después de más de 13 anualidad presa por una emergencia obstétrica, Paola recupera su voluntad.
Es lo que hoy, con este nuevo fallo, reconoció el Tribunal Superior de ecuanimidad: que en la repaso anterior “no se adoptó un enfoque de interseccionalidad que permitiera visibilizar la confluencia del clase con la precariedad económica, el historial de victimización y la violencia familiar”
De ese modo, modificó la resolución de prisión perpetua a fijarla en 13 anualidad, 9 meses y 26 días, al reconocer la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación, entre ellas el contexto de inseguridad, pobreza y violencia que atravesaba. Desde entonces, difundieron el caso de Paola y durante 2026 se armó una mesa de trabajo para pedir ecuanimidad, integrado por diversos actores sociales vinculados al feminismos y a los derechos humanos.
En 2023 las jurisconsulto García Garro y Luna comenzaron a trabajar en un litigio estratégico para lograr que la ecuanimidad de Córdoba revisara la resolución a Paola.
Ese litigio consistió en que se pusiera en el centro la falta de vista de clase en su resolución, considerando las múltiples violencias y condiciones de inseguridad que atravesaban la vida de Paola.
“En el caso Belén entienden que ese homicidio agravado por el vínculo estaba mediado por circunstancias extraordinarias de atenuación, que es una figura que está en el último párrafo del 80 del Código cárcel.
Esto es lo que, en su momento, se tuvo en cuenta en el caso Belén. La resolución de Belén es pésima, pero ese mínimo ejercicio de vista de clase que pudo hacer Tucumán, Córdoba no lo hizo con Paola, y no lo hace históricamente”, expresó a Tiempo la abogada García Garro en una nota de principios de agosto. Por eso la condenan a ocho anualidad; entienden que una persona puérpera está en una condición de inseguridad evidente.
El proceso contó además con el acompañamiento de organizaciones feministas, de derechos humanos y académicas que se presentaron como Amicus Curiae, entre ellas el CELS, Fundeps, INCECIP, ELA, CLADEM, CLACAI, la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Asociación Civil jurisconsulto por Chaco, El Telar -Red sufragista Comunitaria de América Latina, Innocence Project Argentina, Asociación Civil Comunidad, la Directora y Co-directora del grupo de investigación DECyT “Doctrina cárcel sufragista” de la Facultad de Derecho de la UBA y O’Neill Institute, que advirtieron sobre la ausencia de vista de clase con enfoque interseccional y el uso de estereotipos sexistas sobre el rol materno.
Para esta repaso fue fundamental el acompañamiento de organizaciones feministas que se sumaron a pedir por la liberación de la mujer que pasó 13 anualidad privada de su voluntad.