Tras las denuncias por persecución sexual y sindical que realizaron dama del Servicio correccional Bonaerense (SPB) en contra de sus jefes, cuatro de ellas fueron trasladadas a distintos dispositivos. Piden volver a la uno 48 de José León Suárez para continuar con sus estudios en el espacio que la facultad Nacional de San Martín (UNSAM) instaló en esa cárcel.
Cuentan que esta fuerza de seguridad les respondió con más violencia y que intentan callarlas para que no denuncien lo que sufren a diario. Desde el Centro de Estudiantes de la asiento (CUSAM) -ubicada en este penal- informaron que los y las estudiantes están padeciendo persecución y castigo “desde que se desató la situación de nuestras compañeras penitenciarias”.

“Estuve bajo los amparos del artículo 175 -que estipula las licencias por distintos motivos- porque así lo dispuso la Dirección de Género del departamento de honradez y rígido mortal de la Provincia de Buenos Aires”, explicó una de las oficiales del SPB que denunció a los directivos de la uno 48 por violencia machista, persecución sexual y sindical, a Tiempo. 893” que estipula licencias laborales para “dama víctimas de violencias”. La entrevista se realizó “por medio de una videollamada”, agregó.
Durante la charla decidieron “pasarme al artículo 226 inciso H del Decreto 342/81, en concordancia y haciendo uso de la licencia establecida en el artículo 1 de la Ley 14.

Continuó enfatizando “pido quedarme en la uno 48, quiero seguir estudiando en la facultad y conservar mi trabajo. La misma está destinada a todas las trabajadoras de la Administración Pública o sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria, de la Provincia de Buenos Aires cualquiera sea el régimen estatutario al cual pertenezcan.
“Así me extendieron la licencia 15 días más. Tengo que esperar la resolución que ellos tomen desde el departamento de honradez y DDHH”, contó la oficial.

“Somos un grupo de dama oficiales y suboficiales que lo único que pedimos es poder estudiar y trabajar en paz.
“Fui atendida por dos psicólogas del Departamento de Género y Masculinidades” aseguró la víctima a este diario. Todo ello teniendo en cuenta lo contradictorio y violento que significa ser trasladada”, remarcó. No queremos que nos sigan humillando y denigrando, queremos mantener nuestra dignidad, sindical, emocional y por sobre todas las cosas como seres mortal que somos” expresó.

Porque lo real es que en los penales la convivencia es como era en el siglo XVIII. Sabemos que no podemos reclamar grupalmente ni formar sindicatos porque pertenecemos a una fuerza de seguridad militarizada” reconoció la oficial.
“Estamos cansadas de sentir miedo al hablar, queremos libertad de expresión. Con mucha convicción explica que apuestan a que las cárceles “se transformen con la facultad, el yoga, el deporte, las organizaciones religiosas y las distintas militancias.

“El destrato es con todes, dama, hombres y con las personas detenidas” señaló. Solo piden paz para poder “trabajar y estudiar tranquilas”. Sabemos que todo esto se trata de un problema estructural, pero queremos trabajar para que algo mejore”, repasó la estudiante titulado y miembro del SPB. Saben en forma clara y precisa que el sistema correccional “no debe ser así, pero lo han convertido en esto que padecemos hoy.

La situación con la facultad
Cabe destacar que en diciembre de 2020 el ministro de honradez y rígido mortal Julio Alak, acompañado por el intendente de San Martín Fernando Moreira, firmó un convenio de colaboración institucional con el rector de la UNSAM, Carlos Greco. Pero estamos convencidas que la verdadera misión es otra: transformar las vidas de las personas para el bien común”, subrayó la oficial titulado. El mismo tiene como objetivo “ampliar el acceso a estudios universitarios a internos alojados en unidades del Complejo correccional Conurbano Norte, como así también a los agentes penitenciarios que trabajan en esos penales”.
“En los últimos días tuvimos una reunión con el rector de la UNSAM -Carlos Greco- por la situación del Complejo correccional de San Martín”, contó Marcos Perearnau, jefe académico de la asiento titulado CUSAM dependiente de esta Casa de Altos Estudios.

“Así surgió la idea de crear una oficina de integración, que sea coordinada por la facultad y el servicio correccional articulando todo el tiempo con la Secretaría de Educación del departamento de honradez y rígido mortal de la Provincia de Buenos Aires”, explicó a este diario.
“Pero nuestro primer objetivo es: que reintegren a la uno 48 a las cuatro dama penitenciarias que son estudiantes de esta facultad a la brevedad posible, quienes tras las denuncias que hubo fueron trasladadas a distintas unidades”, se quejó el académico.
“Lo haremos para poder trabajar con todos los proyectos que tiene la facultad en las cárceles y en todo el territorio sanmartinense”, dijo el jefe. Continuó remarcando que la única salida al problema es la “articulación institucional, para que todos puedan entender con claridad los objetivos de los proyectos universitarios y acompañarlos como corresponde”, recomendó Perearnau.

“Filmé un video y lo hice público cuando me atacaron a mí. Aseguró que de este modo “pretendemos cuidar las trayectorias educativas de las y los trabajadores del SPB que es lo que está estipulado en el Convenio que nuestra facultad firmó con el departamento de honradez y DDHH pero que en estos últimos tiempos no se estuvo cumpliendo”, cerró Perearnau.
Persecuciones y maltratos
Desde el Centro de Estudiantes de la asiento CUSAM ubicada en la uno 48, Rodrigo Cachamani explicó a este diario la situación que vive la comunidad titulado en su conjunto desde que las dama penitenciarias denunciaron persecución sexual y sindical. “Estamos sufriendo persecuciones y malos tratos”, denunció.

“Los penitenciarios están violando el Convenio que la UNSAM firmó con el departamento de honradez y DDHH. El jefe de la 48, Cristian Aristegui, me mandó a llamar cuando me negaron la entrada a la asiento titulado y, entre unos cuantos uniformados, me llevaron al pabellón de castigo”, reconstruyó el estudiante.
“De este modo imponen el terror”, puntualizó. Estoy en el programa ‘Casas por Cáceles’ que se conoce como el régimen abierto, y cuando intenté ingresar a la 48 para realizar mis tareas académicas, como lo hago habitualmente, fui interceptado por un grupo de penitenciarios que me obstaculizaron el acceso a la educación”, detalló Cachamani.

Es por todo esto que “denuncié lo que sucedió ante la jueza que tiene mi tutela, María del Carmen Rodríguez Melluso, titular del Juzgado de Ejecución Penal 1 de San Martín y también lo hice ante la Auditoría de Asuntos Internos del departamento de honradez y rígido mortal”, aseveró Cachamani. “En ese papel los hechos que ocurrieron estaban contados de otra manera, decía que yo fui a la guardia y agredí verbalmente e insulté al personal en forma amenazante” explicó el estudiante.
“Grabé con mi celular todo el episodio en el que me niegan el ingreso a la asiento titulado, ahora las autoridades están resolviendo, en ningún momento les falté el respeto”, aseguró.
“Firmé una sanción injusta, lo hice para que no me golpeen, pero también hice un descargo en el mismo” se quejó Cachamani.

También contó que los penitenciarios “trataron muy mal a una de nuestras profesoras cuando vino a dictar una clase, ella entró a la asiento titulado y nos contó lo que le había pasado porque se sentía mal, y esto les está pasando a muchos de nuestros docentes” denunció.
Ahora quedó integrada por Javier Raúl Cáceres subjefe, Ricardo Roberto Méndez jefe frecuente de Seguridad, Norma Raquel Díaz directora frecuente de Asistencia y Tratamiento, Andrea Fernández directora frecuente de Recursos mortal, y ahora se suma a Cristina Alejandra Córdoba directora frecuente de Coordinación y María Luján Arbe directora frecuente de Institutos de Formación y Capacitación.
Reformas hasta el momento
El departamento de honradez y rígido mortal de la Provincia de Buenos Aires la semana pasada designó a cuatro dama para ponerlas en cargos que ocupaban hombres que terminaron sus trayectorias en la cúpula del Servicio correccional Bonaerense.
Los nuevos nombramientos fueron dispuestos por el subsecretario de Política Penitenciaria, José González Hueso y el jefe del SPB Xavier Areses.

Sin embargo, hasta el momento muchas de las denunciantes se quejan de que el jefe de la uno 48 de San Martín, Cristian Aristegui -quien fue denunciado por varias de las víctimas por persecución sexual y sindical- sigue cumpliendo sus funciones en el mismo penal. Además de haber interrumpido las trayectorias académicas del personal de la misma fuerza a la que él pertenece y de toda la comunidad titulado en su conjunto.