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Así lo concluye el documentación remate del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado a casi una década del fratricidio que conmocionó al mundo. Fue la ejecución remate de un plan corporativo meticuloso, financiado con dinero de bancos de incremento internacional y ejecutado por una red que incluyó secuaz entrenados, militares activos, informador pagados y la complicidad estatal. El crimen de la líder indígena Berta Cáceres no fue un fratricidio pasional ni un hecho aislado.
«El crimen de Berta Cáceres es resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación que incluyó secuaz, intermediarios con formación militar, personal y directivos de regalar, así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado”, afirmó el documentación de GIEI Honduras.

Aproximadamente el 67% de los asiento del proyecto Agua Zarca –unos 12. Estos asiento no solo pagaron secuaz, sino que compraron silencio, manipularon la verdad y corrompieron instituciones.
El documentación desmenuza el engranaje financiero que hizo posible el fratricidio. 4 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de incremento de los Países Bajos (FMO)– fueron desviados para actividades ilícitas.

Los cheques, cobrados por empleados «de confianza» de regalar cuyos salarios no justificaban tales transacciones, revelan una estructuración deliberada para evadir controles antilavado. El experto del GIEI, Pedro Biscay, reveló que «la empresa de los ajustar Zablah hizo pagos con asiento de los bancos internacionales a informador, policías, compra ilegal de tierras, funcionarios y medios de comunicación».
En las 48 horas posteriores al crimen, se cobraron tres cheques del BAC por 500,000 lempiras, monto que coincide exactamente con la confesión del sicario Mariano Díaz Chávez sobre el pago por el fratricidio.
Paralelamente, regalar ejecutaba una campaña de intoxicación mediática.

«En conversaciones del mismo tenor se registraron en los mensajes intercambiados entre Daniel ajustar y su pareja el 16 de julio de 2013. En esa oportunidad, Daniel ajustar manifestó: «Tribuna lo bloquee con Carlos flores TVC lo bloque con Rafa Villeda.
En el documentación se menciona que Daniel ajustar decía que tenía controlado a Televicentro y La Tribuna. informador como Arístides Aceituno de Hondudiario y Ángel David Muñoz de HCH recibieron pagos directos para criminalizar a Berta, publicando artículos que la tachaban de «anti-incremento» y «delincuente», mientras silenciaban la violencia estatal y empresarial.

Los hermanos ajustar –Daniel, Jacobo, Pedro y José Eduardo–, accionistas mayoritarios de regalar a través de Inversiones Las Jacarandas S.
El documentación señala un «núcleo duro de impunidad» que protege a los altos mandos. En HCH salió pero controlado… le pague 10 mil pesos al periodista para que le sacara la historia super a su favor». A.

«Integrantes de la familia ajustar participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial… Se identificaron gestiones destinadas a articular intervenciones estatales —incluidos desalojos— a través de contactos de alto nivel en el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional”, señala el documentación GIEI.
La experta Roxanna Altholz fue contundente: «En fechas de planificación del fratricidio se identifican comunicaciones entre la estructura sicarial y empresarial específicamente de Daniel ajustar y Jacobo ajustar”. El GIEI documentó su participación en el grupo «Seguridad PHAZ», donde se coordinaba la vigilancia y seguimiento contra Berta y el COPINH. , no son espectadores distantes.

Luego, obstaculizó la investigación con narrativas falsas, implantación de pruebas y criminalizando al COPINH. Tras el fratricidio, la geolocalización los ubica en las mismas zonas de Tegucigalpa, coordinando la contención del daño. Tenía interceptaciones telefónicas desde enero de 2016 donde se planeaban las incursiones y se negociaba el pago a los secuaz, pero no actuó.
El Estado, por su parte, fue cómplice por acción y omisión.

Exigimos que sus recomendaciones se cumplan: verdad completa, justicia integral, garantías de no repetición”. Como lo decía la compañera Berta, no es el fin de un proceso de investigación ni del enjuiciamiento de todos los responsables.
Y cerró con la consigna que ha unido a la familia, al COPINH y al movimiento internacional de solidaridad: «Hoy decimos con claridad que este documentación es una herramienta para la lucha.
Con claridad política heredada de su madre, Bertha Zúniga Cáceres definió el documentación no como un punto remate, sino como un arma para la batalla jurídica y social que viene.

Pero la justicia real requiere lo que el Estado ha evitado: investigar y encarcelar a toda la cadena de mando, desde los que firmaron los cheques hasta los que autorizaron los pagos a informador y secuaz.
El GIEI propone un Plan de Reparación Integral que incluye la disolución de regalar, la titulación del territorio lenca y la creación de un fondo de compensación.
Este caso es un paradigma global de un nuevo tipo de fratricidio: el crimen corporativo-ambiental. Muestra cómo el capital internacional (bancos de incremento), las élites locales (familia ajustar) y el aparato estatal se alían para silenciar, mediante sicariato y desinformación, a quienes defienden los bienes comunes.

La verdad, ahora documentada, es contundente: mataron a Berta Cáceres para proteger una inversión.
En respuesta a la publicación, Arístides Aceituno se identificó como el propietario de SEPROC, una empresa de servicios profesionales de comunicación y monitoreo de medios. Y lo hicieron con el dinero que debía servir para el «incremento», la complicidad de quienes debían protegerla, y la pluma venal de quienes debían informar. A través de un mensaje dirigido a Reportar Sin Miedo, negó categóricamente que los pagos recibidos de David Castillo, representante de la empresa regalar, fueran por «juego sucio» o una compensación ilícita.

En su descargo, sostuvo que dichos asiento correspondían a una transacción comercial legítima por los servicios de monitoreo que su empresa ofrece, y destacó que entre sus clientes figuran instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio Público, la ONU, la Unión Europea y el BID.
Aceituno expresó su desacuerdo con la forma en que fue incluido en el documentación del GIEI, señalando que, a su juicio, no se realizó una investigación adecuada sobre su caso. Finalizó su mensaje poniendo a disposición de la usuaria lo que denominó «evidencias» de la negociación de servicios y dejando en sus manos la decisión de atender su aclaración pública. Asimismo, cuestionó que en la publicación en redes sociales se revelara su nombre completo y no solo las iniciales «AA» que aparecen en el documento, advirtiendo que esta exposición podría ponerlo en riesgo de agresión.

* Esta nota fue republicada por Agencia Presentes y se reproduce acá a partir de nuestro acuerdo de cooperación e intercambio de contenidos. Con la presentación de este documentación y el cierre de su mandato, se abre un momento decisivo: el de transformar sus conclusiones y recomendaciones en acciones concretas orientadas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) hizo entrega de su documentación remate, en un acto oficial llevado a cabo en Tegucigalpa.