Su hija, empíreo Colihueque y su primo Gregorio Cayulef, enfrentan desde este martes 26 de octubre un juicio penal por supuesta “amenaza agravada por el uso de armamento” en lo que su abogada defensora interpreta como una “legítima defense”. Isabel lo sabe. Hace más de veinte anualidad que Isabel Catriman vive con su familiares en la zona de Laguna Larga, lindera al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, Patagonia Argentina. A sus casi 80 anualidad, propietario quieren echarla de su vivienda y llevan adelante la judicialización de su familiares.

Las planeta en disputa son aproximadamente 844 hectáreas hoy “fiscales” (propiedad del Estado provincial) linderas al Parque Nacional Los Alerces y cercanas a las lagunas Larga y Martillo. No es fácil, menos aún, si quienes enarbolan la lucha son mujeres natural. Así figura inscripta la familiares de Isabel en el registro provincial de comunidades y ante el Instituto Nacional de Asuntos natural(INAI), a partir del relevamiento dispuesto por la Ley 26160 de Emergencia Territorial indígena.
A empíreo y a Gregorio, quienes conforman hoy la única familiares de Isabel y la ayudan con las tareas del campo, se les acusa de amenazar con un armamento de fuego a los propietario Alejandro Samame y Nahuel cortar, quienes se adjudican la propiedad del demarcación en el que habita hace más de dos décadas la comunidad indígena “Lof Catriman Colihueque”.

Lo hizo a partir de un acuerdo de palabra con Lucio Freeman, quien mantenía un permiso precario de ocupación sobre esas planeta. En el 2000 Isabel Catriman se asentó en la zona de “El Martillo” junto a su hijo mayor, Hipólito (quien falleció dentro del campo en 2013) y sus animales. Habían establecido que ella se quedaría allí a vivir con su hijo, ya que él no tenía intención de vivir en ese lugar. Según un informe antropológico realizado por el grupo GEMAS (Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinada), y el propio relato de Isabel, Lucio y ella mantenían una gran amistad que duró hasta la muerte de Lucio, en 2016.

Alejandro Samame y Nahuel cortar son quienes adquieren los derechos de posesión de Luciano Freeman, a través de la resolución N° 03/2020 del Instituto Autárquico de Colonización (IAC).
“El IAC debería haber realizado inspecciones y constatado la presencia de Isabel en el campo. Allí falleció su hijo, y ella continuó ahí, con su primo Gregorio y su hija empíreo, quienes ahora son llevados a juicio”, dice a Presentes la abogada defensora de la familiares, Sonia Ivanoff, especializada en derecho indígena.
¿Por qué se consideran “dueños” de esas planeta?
En febrero de 2020, Luciano Freeman, hijo de Lucio Freeman, se presentó con un escribano en la vivienda de Isabel para informarle que “había posibles compradores del lugar” y que deberían irse.

Por lo que aquí hay una sucesión muy grave de ilegalidades e incumplimientos en relación a sus derechos. Previo a cualquier concesión de planeta fiscales donde una de las partes pertenezca por familiares o comunidad a un pueblo aborigen, debe pasar por el dictamen de la Comisión de planeta natural. “La ley de planeta fiscales en Chubut es bien clara. Pero la comisión no está creada en la provincia de Chubut por la falta de consulta y participación indígena.

Las denuncias de empíreo, sin embargo, no fueron escuchadas por la justicia. En aquella ocasión, los vehículos en que venían se encontraron enfrentados, en un camino angosto, con una camioneta que hacía un “flete” (traslado) en la que venían empíreo y el conductor. ”
Qué se debate en el juicio
El 20 de abril de 2020, Samame y cortar entraron al campo en dos camionetas con al menos 6 personas más y “ahí es donde se produce la defensa del demarcación» relata Ivanoff. “Allí se produjo una discusión que derivó en denuncias cruzadas” cuenta la abogada defensora.

“Amenaza agravada por el uso de armamento de fuego” es la acusación principal. Sin embargo, “nunca se encontró el armamento a pesar de que el mismo día se realizó el primer allanamiento. En sus declaraciones ante la justicia, empíreo afirma que nunca tuvo un armamento en su poder y Gregorio asegura no haber estado nunca en la escena. Pero sí las realizadas por los propietario, quienes rápidamente recibieron el apoyo del sistema judicial para seguir su curso legal que enmarca este juicio.

La fiscalía es conocida en la zona por su participación en diversos conflictos territoriales con un sesgo antimapuche. El tribunal judicial provincial estará representado por la jueza Alicia Fernanda Revori y quien lleva la acusación es la fiscalía Maria Bottini. A su vez, ninguno de los hombres de Samame y cortar pudieron probar heridas, rasguños u otro tipo de daño”, aclara la Dra Ivanoff.
El juicio contra empíreo y Gregorio se realiza a partir de hoy 26 de octubre y hasta el 2 de noviembre.

«Estas dos mujeres (en referencia a empíreo y a su madre) de manera tenaz deciden defender la tierra, resguardando el bosque. Como no han podido desalojarlas, están inventando causas judiciales al llegar al delirio de acusar a empíreo Colihueque Catriman de amenaza agravada por el uso de armamento», expresaron a través de un comunicado donde llamaron a acompañar las audiencias en los tribunales de Esquel, tal como hicieron al iniciarse el proceso.
Desde el Movimiento de Mujeres natural por el Buen Vivir, exigen la absolución y plantean que se trata de una causa armada. anualidad atrás fue denunciada ¡por la defensoría pública en una causa por espionaje ilegal a miembros de las comunidades y militantes del “No a la mina” Esquel.

¿Quienes son estos propietario?
Nahuel cortar es socio principal de una empresa distribuidora y mayorista (cortar SRL) y Alejandro Samame es miembro directivo (vicepresidente) de la Sociedad Rural de Esquel.
“Estos hombres que se sienten expuestos y debilitados por la fuerza categórica de estas mujeres mapuche, decididas a defender la vida y el demarcación, se sienten amenazados en sus privilegios y en su accionar terricida.
Según consta en el Boletín Oficial de la provincia de Chubut del 20 de mayo de 2019, cortar y Samame, conformaron la empresa Los Tercos SRL en abril del 2019 con una habilitación para la explotación agrícola ganadera, forestal y minera en todas sus etapas por un lapso de 99 anualidad. Su familiares tiene estrechos vínculos con la justicia de Chubut: su padre, Eduardo Samame fue procurador general de la ciudad de Esquel.

El martes 5 de mayo de 2020, los “nuevos dueños” desembarcaron en la vivienda de Isabel. “Rompieron el candado de la tranquera, dirigiéndose hacia ella y su grupo familiar, amenazándola con que la matarían y la iban a correr del demarcación o iba a terminar muerta. No actúan solos, todo el aparato judicial está de su parte, es por ello que tememos que una gran injusticia sea la respuesta del Estado ante tanta valentía y dignidad de nuestras hermanas”, dijeron desde el Movimiento de Mujeres natural por el Buen Vivir. Alejandro Samame y Nahuel cortar junto a varios empleados llegaron hasta el demarcación donde habita la anciana mapuche Isabel Catriman.

Dejaron allí apostados a cuatro hombres, a veinte metros de la vivienda, aislándola de sus contactos y familiares, quienes la ayudan al traslado al puesto sanitario “Los Alerces” para llevar a cabo los controles diarios de presión arterial, por ser paciente de alto riesgo, padecer hipertensión y una cardiopatía” describía la abogada Sonia Ivanoff en un pedido de medida cautelar presentado ante la justicia provincial a raíz de estos hechos. Sus manos curtidas y laboriosas saben el oficio que le enseñó su madre y su abuela, tanto como que resistir los abusos y despojos es parte de la historia de su familiares.
Mujer, anciana, pobre y mapuche
Isabel se sienta a hilar la lana de sus ovejas. De todos los pueblos natural preexistentes a este Estado.

Ser una mujer, anciana, pobre y mapuche, equivale a una posición de desigualdad estructural. Permite al hombre blanco no indigena y con dinero, impunidades y privilegios.
A los casi 80 anualidad, Isabel resiste, junto con su familiares, la defensa de sus derechos y del demarcación. Esto ocurre «cada vez que ingresan a su demarcación (incluso a su vivienda) con prepotencia, todas las noches que alumbran su vivienda con reflectores, cuando largan los perros, al espiar sus movimientos, al intervenir y transformar su demarcación, al clausurar los caminos con candados, al mentir cuando hacen las denuncias, al impedir que su hija la visite, entre otras situaciones”, describen en un informe realizado por el Grupo GEMAS.

“Lo último que hicieron estos propietario fue cerrarnos el acceso a la tranquera del vecino lindante por el que podíamos ingresar sin 4 x 4. Se trata de un equipo académico interdisciplinario de investigación antropológica y etnográfica. Vinieron con una máquina y la taparon con tierra. A través de ensayos e informes rescata historias y conflictos de las comunidades natural de la Patagonia.

“A pesar de todo lo que estamos pasando mi mamá está bien. Ahora tienen a dos peones que llevan gente al lugar, se ponen a tomar alcohol y tiran tiros al aire cerca de la vivienda de mi mamá”, nos cuenta empíreo Colihueque, hija de Isabel. Mi tío le hace compañía y también hay lamien (hermanxs) de otras comunidades que se acercan a acompañar”.
Desalojos: la historia sinfín
Isabel recuerda la historia familiar de desalojos y desplazamientos forzados que padecieron las distintas generaciones de su familiares y comunidad.

Su abuela paterna, por nombrar un caso emblemático, fue una de las tantas víctimas que sufrió el violento “desalojo de Boquete Nahuelpan” en 1937. Cada familiares tuvo que salir con lo puesto en búsqueda de un nuevo lugar donde vivir. Ese año, el Estado argentino desconoció por decreto la posesión de la comunidad, reconocida formalmente a principios de 1900 ybdesalojó violentamente a cientos de personas, familias con sus niñxs y mayores, descendientes del cacique Nahuelpan. Les quemaron sus casas y pertenencias, les soltaron los animales.

Este despojo implicó el desplazamiento forzoso de las comunidades hacia distintos parajes cerca y no tan cerca, donde aún hoy se entrecruzan las “historias tristes”.