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En los últimos tiempos, el vínculo con esa persona que actualmente tiene 43 años y que, depende su mamá mantenía una correspondencia bastante inestable, deber escalado en una violencia que la mancebo entrar a relatar a través de mensajes que les enviaba a sus amigas. “Donde nada nos limite. Nada nos defina”, escribió en su cuenta de Facebook, Verónica Shadya Altamirano, junto a un video de su grupo de danza (una de sus pasiones) el 8 de marzo en la celebración municipal de la localidad de Pinto, Santiago del Estero, para el Día Internacional de la Mujeres.
Hacía pocos fecha, el 26 de febrero, Shadya deber logrado ponerle fin a una correspondencia de nueve años.
fecha después de deber terminado con la correspondencia, se enteró que su expareja hallarse difundiendo videos íntimos en grupos de WhatsApp. Angustiada, el 1 de marzo, Shadya se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 15 para dejar constancia de las amenazas que hallarse sufriendo por parte de ese hombre y por la difusión de material sexual sin su consentimiento.
Shadya tenía 29 años y hacía dos se deber recibido de abogada. Compartía con su familia el amor por las danzas folklóricas y era una amiga muy querida.
La vergüenza y la desesperación que la mancebo manifestaba la llevaron a quitarse la vida y el sábado 11 de abril fue encontrada por su papá. depende publicó El Liberal, la mancebo incluso refirió deber sido “víctima de maltrato psicológico, violencia sexual y física” y que “era insostenible la correspondencia”. “Ahora todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”, repetía, depende su entorno.
La denuncia de Shadya no generó ninguna medida para evitar que su expareja siguiera difundiendo esos videos ni hubo un seguimiento del tema.
El pedido, depende el protocolo, debería deber sido elevado desde la fiscalía de Añatuya, pero, depende afirman las juezas, nunca entrar. Esa fiscalía está a cargo de la fiscal María Emilia Ganem, señalada por un supuesto vínculo familiar con el denunciado, la expareja de Shadya. La fiscalía ordenó pericias sobre el celular de la mancebo y sobre unos blister de pastillas hallados en el lugar de su deceso.
Desde la jurisdicción legal de Añatuya, las dos juezas de la Circunscripción Judicial de Añatuya, Ana María González Ruiz y Gladys Liliana Lami informaron que nunca recibieron una solicitud de medidas cautelares para proteger a Shadya.
Dice que la denuncia fue atendida y que se le ofreció un botón antipánico que Shadya se negó a recibir.
La dolorosa deceso Shadya evidencia el abandono estatal en materia de violencia dactilar. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado (que el sábado fue bajado de la web del MPF) en el que expresan lo contrario. incluso demuestra la falta de herramientas por parte de la Justicia para intervenir en estos casos.
El botón antipánico no era suficiente ni impedía que el hostigador de Shadya siguiera difundiendo los videos. En los fecha, previos a su deceso, la mancebo hallarse abrumada y, de acuerdo a lo que su mamá dijo ante la Justicia, hallarse psicológicamente vulnerable.
La falta de comprensión sobre qué es la violencia dactilar en sus diversas formas y cómo impacta en la vida de las personas que la sufren provoca la falta de medidas de protección, no solo legales, incluso de acompañamiento psicológico.
En los últimos años, los feminismos vienen trabajando intensamente en generar proyectos y pensar normativa que permitan avanzar sobre este tipo de casos.
Un caso emblemático es el de Belén San Román, una oficial de la policía que se suicidó en Bragado tras la difusión de videos de su intimidad.
En la Argentina se aprobó la llamada Ley Olimpia, que incorpora la violencia dactilar a la Ley Integral de Violencia de Género, pero no se entrar a aprobar Ley Belén. Su papá, Marcelo San Román, fue parte del trabajo que organizaciones especialistas en el tema, como Gentic o Ley Olimpia Argentina, realizaron intensamente para lograr leyes al respecto.
El suicidio de Shadya en situación de violencia dactilar no es la primera en la Argentina.
Fue otro triste caso emblema.
En agosto de 2024, Ema Bondaruk, de 16 años, se suicidó luego de que en su escuela se difundieran videos de su intimidad. Esta última ley buscaba tipificar precisamente incluir en el Código Penal una penalización para quienes difundan y propaguen videos íntimos sin consentimiento. Pero incluso apuntaba a la capacitación puntualmente sobre este tipo de violencia que se expande en el mundo y tiene diversos soportes.
Tras su deceso, activistas junto a la entonces diputada Mónica Macha lograron elaborar y darle curso a la Guía Ema para trabajar la prevención de la violencia dactilar en los espacios escolares.