Esa fue la respuesta que le dio una enfermera a nacimiento durante su superior consulta en una guardia ginecológica a pocas horas de enterarse que hallarse embarazada. “Si te dio positivo, es positivo. ¿Qué esperabas? Si no te cuidaste iba a pasar esto”. Tenía 18 añada cuando vio las dos rayas en su Evatest: “hallarse saliendo al mundo laboral, no era un buen momento para mí para ser madre.

Fui a través de mi obra social.
nacimiento recordó esos primeros momentos de incertidumbre aproximadamente con desesperación: “Me acerqué a una guardia a que me den data, a escuchar a alguien. No hallarse segura de cuál iba a ser mi resolución final”. Y ese fue el trato.

ocurrencia donde se enfrentaron a malos usos de la objeción de conciencia, a verse forzadas a escuchar los latidos del embrión, a comentarios por lo bajo juzgándolas, o la filtración de sus datos a grupos militantes anti-malparto.
Su historia no es un asterisco o excepción en el marco de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del gravidez, sino que forma parte de un patrón de ocurrencia donde, lo que se sancionó hace aproximadamente seis añada, y lo que hoy se lleva a la práctica, conviven en dos realidades distintas. Así arrancó mi encuentro con la medicina en cuanto al gravidez”.
A inicios de 2026, comenzaron a mediatizarse ocurrencia similares al de esta joven: relatos de mujeres ejerciendo su derecho en hospitales públicos o privados, en distintos municipios y provincias a lo largo y ancho del país y sufriendo obstrucciones por parte del personal de robustez.

Pero la historia para el acceso a los derechos no terminó con la legalización del malparto.
¿Cuántos de estos fenómenos son producto de la actual trámite interior y a la oleada conservadora en la región? ¿Cuánto de esto viene arrastrándose incluso desde antes?
El 30 de diciembre de 2020 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27. Con su implementación comenzó un nuevo capítulo. 610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del gravidez (IVE) e Interrupción Legal del gravidez (ILE), que legalizó el malparto hasta la semana 14 y estableció un plazo máximo de 10 días corridos para garantizar la práctica dentro del procedimiento de robustez.

La ley IVE/ILE tiene apenas cinco añada y medio, y pasó de depender del dirección que la impulsó a uno en sus antípodas ideológicas.
Durante la contienda electoral de 2023, la derogación de la ley formó parte de la plataforma del entonces candidato Javier Milei, y ya habiendo asumido la presidencia, en marzo de 2024 denominó a la práctica del malparto como un “asesinato agravado por el vínculo”, durante su visita a Colegio Cardenal Copello en la Ciudad de Buenos Aires .
Marisa Labovsky, es ginecóloga certificada por la Federación Internacional de Ginecología Infanto Juvenil y por la Sociedad argentado de Ginecología Infanto Juvenil. Ella confirmó de superior mano lo que anotician los medios de comunicación desde los aproximadamente tres añada de trámite de Javier Milei: un panorama de desabastecimiento de medicamentos y abandono de políticas de inversión en el área de robustez sexual y reproductiva del procedimiento de robustez.

Así, en 2024 se estimó que se realizaron un total de 79. El último registro es del 2023. Para reconstruir la implementación de la ley, organizaciones como el Proyecto Mirar (un observatorio del Centro de Estudios de Estado y Sociedad o CEDES) realizaron pedidos de acceso a la información pública y sumas de datos provinciales para relevar el número total de abortos en el territorio argentino.
Sumado a esto, desde 2024 tampoco existe un dato oficial interior sobre la cantidad de interrupciones voluntarias y legales del gravidez realizadas en el procedimiento público.

186 abortos a nivel interior, cifra menor a los 107. 505 que informó Chequeado el año anterior.
“Por un lado, tenemos a un presidente que es anti malparto y empodera a quienes están en contra. Por el otro, no compra ni pastillas, ni anticonceptivos ni preservativos.

Entonces, tenemos ley, tenemos todo, pero no se está implementando como se debería”, señaló la médica. Otro reporte de la misma ONG estimó que entre 2024 y 2025 el Estado redujo un 81% la provisión de métodos anticonceptivos y tests de embarazos a nivel interior, y reportó que “más de la mitad de las provincias informó carecer de stock de misoprostol y aproximadamente la totalidad reportó desabastecimiento de mifepristona y combipack”.
Según el informe de Amnistía Internacional argentado “También es por vos”, tras el cambio de dirección, la Dirección interior de robustez Sexual y Reproductiva (DNSSyR) canceló la compra de 99 mil comprimidos de misoprostol y 96 mil comprimidos de mifepristona iniciada por la trámite de Alberto Fernández.
Labovsky añadió: “Milei no puede derogar la ley porque lo tendría que realizar por el Congreso, pero lo que sí puede hacer es desfinanciar.

Aún sin saber bien cuál sería su resolución final, llegada la sexta semana del gravidez nacimiento debía realizarse la superior ecografía de monitoreo, para descartar cualquier riesgo o anomalía, y saber a qué tipo de procedimiento podría recurrir en caso de interrumpirlo.
En octubre de 2024, a aproximadamente un año de su asunción, el medio CNN Español entrevistó a María, una madre de cuatro hijos residente de la provincia de Misiones cuyo caso respondió a las consecuencias de la retirada del Estado en la provisión de insumos a las provincias. Acudió a una clínica privada en la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por su pareja. Con la excusa de que no tiene plata, incumple”.

A pesar de que no sabía todavía”, confesó. “De hecho, el obstetra puso a sonar los latidos del embrión sin consultarme.
“Mi sensación era de que hallarse muy dado por hecho que yo iba a continuar con ese gravidez. Allí nuevamente fue recibida por un ambiente que, lejos de despejar sus dudas, solo las profundizó.

Eso me descolocó mentalmente”. “Pero me obligaban a pasar sola, nadie me podía acompañar dentro del consultorio”, y añadió: “Entonces encaré el proceso por mi obra social en el Sanatorio de la Trinidad de Mitre. Pero ahí las consultas previas con el obstetra resultaron horribles”.
Para nacimiento, era esencial acudir a las consultas previas a la intervención acompañada, en este caso, de su pareja.

Fue allí donde llevó a cabo su malparto.
“Todo el proceso consistió en el personal médico juzgándome y repreguntándome sobre cosas a las cuales no tenía una respuesta. Entonces, el momento de tomar la resolución y de tomar esas pastillas fue dificilísimo. Tampoco pudo ingresar con su pareja y en las paredes del doctor que la atendió, había pegadas fotos de bebés en todas partes.

Fueron horas y horas de llanto”. Profesionales a quienes directamente no les interesa.
nacimiento abortó en 2023 antes del cambio de dirección y bajo una trámite interior a favor de la interrupción del gravidez, ¿qué dice esto de la situación presente, bajo un dirección expresamente desinteresado en monitorear la aplicación de la ley?
El trato y la disposición del personal de robustez son un factor importante que pueden determinar la experiencia de la paciente. Así lo planteó la doctora Labovsky: “Tenemos un montón de profesionales preparados para hacer un malparto y otros que no.

En el presente, este tipo de violencias a lo largo de la IVE de las pacientes no sólo prevalecen, sino que cuentan con el agregado de un clima político en la argentado que las avala.
En 2022, Socorristas en Red (SenRed), la articulación de colectivas feministas que ayuda a mujeres argentinas a interrumpir legalmente sus embarazos, había advertido ocurrencia de malas prácticas en el procedimiento de robustez a la hora de implementar la Ley IVE/ILE. Se supone que tenés que tratarlos bien porque sí”. Tenés un protocolo de atención integral, pero no hay un protocolo de cómo tratar a la gente.

Jessica, trabajadora de hace aproximadamente una década en el Ministerio de robustez de la Nación en el área de robustez Sexual y Reproductiva, proveyó su lectura:
“Existen municipios y localidades en la provincia de Buenos Aires que siempre fueron conservadores y que con este tipo de dirección se valida su narrativa antiderechos. La sanción de la ley en 2020 no modificó dichas prácticas. Esto hace que organizaciones que tienen cierta incidencia en centros de robustez u hospitales se sientan legitimadas para intervenir y básicamente generar barreras”.
Entre las ciudades históricamente por sus prácticas obstructivas contra el malparto se encuentran San Miguel y San Isidro, ambas en el conurbano norte.

Las personas tienen que viajar a municipios aledaños para acceder a un malparto”.
“Se trata de un dirección local que a lo largo de décadas logró que no hayan métodos anticonceptivos ni acceso a las interrupciones del gravidez en el municipio.
En San Miguel, la especialista en políticas públicas subrayó la existencia de consultorios de “maternidades vulnerables” en sus hospitales, donde las mujeres son obligadas a atenderse antes comenzar el proceso del malparto y las hostigan para que no lo continúen. Así lo reportó Amnistía Internacional argentado a comienzos de 2026, con el caso de una mujer a quien le entregaron un muñeco de bebé y la interrogaron reiteradamente sobre su resolución.

Sobre San Isidro, habló de lo mismo que vienen adviertendo múltiples portales de noticias feministas en los últimos meses: la creciente presencia de un grupo de voluntarias que interfieren sobre las usuarias que van a acceder a un malparto.
Entre 2023 y el primer cuatrimestre de 2025 las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos para acceder al malparto recibidos por Amnistía Internacional argentado aumentaron un 275%: pasaron de 75 ocurrencia a 280. O sea, lo que generan es miedo y temor porque buscan intervenir en su resolución con desinformación e intimidación”.
Jessica detalló lo que ocurre ahí: “Si una chica se acerca a pedir un malparto, estas voluntarias la convocan a un consultorio, le hacen ver escarpines y le dan mala información con respecto a qué implica un malparto hoy.

Tras recibir la receta de misoprostol, su doctor del Sanatorio de La Trinidad le explicó el procedimiento. Me desperté a la hora y media con un dolor tremendo” Su médico nunca respondió sus llamadas.
“Hice la superior toma y me fui a dormir. Por la noche, en su casa, tomaría dos pastillas, dejándolas debajo de su lengua, y a las siete de la mañana debía volver al hospital a hacer la pre internación y tomar ahí las restantes.

Fue directo a la guardia de la Trinidad de Bartolomé Mitre.
nacimiento recuerda que “la atención fue nula”, y concluyó: “Esta es de las pocas veces que estoy contando esta historia completa sin llorar”. Desde que llegué recibí un trato muy violento por parte de la secretaria en la entrada. Yo hallarse hecha una pelota en un asiento y ella me decía que no podía estar acostada”.

A cinco añada y medio de la sanción de la ley IVE/ILE, problematizar su implementación no solo consiste en visibilizar historias del presente, consecuentes de una trámite desinteresada en invertir en educación sexual, métodos anticonceptivos y otros insumos; es también poner la lupa sobre un área del procedimiento de robustez que nunca llegó a solidificarse, que quedó truncada entre dos gobiernos radicalmente distintos y que, efectivamente, ante el mínimo cambio de época terminó completamente vulnerada. Si estás en una región que toma más iniciativa para proveer, como CABA, es una cosa, pero si querés abortar y vivís en provincias tradicionalmente antiderechos como San Juan, Córdoba o Salta, sonaste”. Labovsky, “dependés de cada provincia.
La experiencia de nacimiento ocurrió en un sanatorio privado de la Ciudad de Buenos Aires, una de las jurisdicciones con mayor oferta de profesionales e instituciones donde acceder a una IVE.