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Esa fue la respuesta que le dio una enfermera a nacimiento durante su primera consulta en una guardia ginecológica a pocas horas de enterarse que hallarse embarazada. Tenía 18 años cuando vio las dos rayas en su Evatest: “hallarse saliendo al mundo laboral, no era un buen momento para mí para ser madre. “Si te dio positivo, es positivo. ¿Qué esperabas? Si no te cuidaste iba a pasar esto”.

Y ese fue el trato. No hallarse segura de cuál iba a ser mi resolución final”.
nacimiento recordó esos primeros momentos de incertidumbre aproximadamente con desesperación: “Me acerqué a una guardia a que me den data, a escuchar a alguien. Fui a través de mi obra social.

A inicios de 2026, comenzaron a mediatizarse casos similares al de esta joven: relatos de mujeres ejerciendo su derecho en hospitales públicos o privados, en distintos municipios y provincias a lo largo y ancho del país y sufriendo obstrucciones por parte del personal de salubridad. Casos donde se enfrentaron a malos usos de la objeción de conciencia, a verse forzadas a escuchar los latidos del embrión, a comentarios por lo bajo juzgándolas, o la filtración de sus datos a grupos militantes anti-fracaso. Así arrancó mi encuentro con la medicina en cuanto al preñez”.
Su historia no es un asterisco o excepción en el marco de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del preñez, sino que forma parte de un patrón de casos donde, lo que se sancionó hace aproximadamente seis años, y lo que hoy se lleva a la práctica, conviven en dos realidades distintas.

¿Cuántos de estos fenómenos son producto de la actual papeleo regional y a la oleada conservadora en la región? ¿Cuánto de esto viene arrastrándose incluso desde antes?
El 30 de diciembre de 2020 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.
Pero la historia para el acceso a los derechos no terminó con la legalización del fracaso. 610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del preñez (IVE) e Interrupción Legal del preñez (ILE), que legalizó el fracaso hasta la semana 14 y estableció un plazo máximo de 10 días corridos para garantizar la práctica dentro del procedimiento de salubridad. Con su implementación comenzó un nuevo capítulo.

Ella confirmó de primera mano lo que anotician los medios de comunicación desde los aproximadamente tres años de papeleo de Javier Milei: un panorama de desabastecimiento de medicamentos y abandono de políticas de inversión en el área de salubridad sexual y reproductiva del procedimiento de salubridad.
Durante la contienda electoral de 2023, la derogación de la ley formó parte de la plataforma del entonces candidato Javier Milei, y ya habiendo asumido la presidencia, en marzo de 2024 denominó a la práctica del fracaso como un “asesinato agravado por el vínculo”, durante su visita a Colegio Cardenal Copello en la Ciudad de Buenos Aires .
Marisa Labovsky, es ginecóloga certificada por la Federación Internacional de Ginecología Infanto Juvenil y por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil. La ley IVE/ILE tiene apenas cinco años y medio, y pasó de depender del mando que la impulsó a uno en sus antípodas ideológicas.

Así, en 2024 se estimó que se realizaron un total de 79.
Sumado a esto, desde 2024 tampoco existe un dato oficial regional sobre la cantidad de interrupciones voluntarias y legales del preñez realizadas en el procedimiento público. El último registro es del 2023. Para reconstruir la implementación de la ley, organizaciones como el Proyecto Mirar (un observatorio del Centro de Estudios de Estado y Sociedad o CEDES) realizaron pedidos de acceso a la información pública y sumas de datos provinciales para relevar el número total de abortos en el territorio argentino.

Por el otro, no compra ni pastillas, ni anticonceptivos ni preservativos. 505 que informó Chequeado el año anterior.
“Por un lado, tenemos a un presidente que es anti fracaso y empodera a quienes están en contra. 186 abortos a nivel regional, cifra menor a los 107.

Labovsky añadió: “Milei no puede derogar la ley porque lo tendría que realizar por el Congreso, pero lo que sí puede hacer es desfinanciar. Otro reporte de la misma ONG estimó que entre 2024 y 2025 el Estado redujo un 81% la provisión de métodos anticonceptivos y tests de embarazos a nivel regional, y reportó que “más de la mitad de las provincias informó carecer de stock de misoprostol y aproximadamente la totalidad reportó desabastecimiento de mifepristona y combipack”.
Según el informe de Amnistía Internacional Argentina “También es por vos”, tras el cambio de mando, la Dirección regional de salubridad Sexual y Reproductiva (DNSSyR) canceló la compra de 99 mil comprimidos de misoprostol y 96 mil comprimidos de mifepristona iniciada por la papeleo de Alberto Fernández. Entonces, tenemos ley, tenemos todo, pero no se está implementando como se debería”, señaló la médica.

En octubre de 2024, a aproximadamente un año de su asunción, el medio CNN Español entrevistó a María, una madre de cuatro hijos residente de la provincia de Misiones cuyo caso respondió a las consecuencias de la retirada del Estado en la provisión de insumos a las provincias. Acudió a una clínica privada en la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por su pareja. Con la excusa de que no tiene plata, incumple”.
Aún sin saber bien cuál sería su resolución final, llegada la sexta semana del preñez nacimiento debía realizarse la primera ecografía de monitoreo, para descartar cualquier riesgo o anomalía, y saber a qué tipo de procedimiento podría recurrir en caso de interrumpirlo.

Allí nuevamente fue recibida por un ambiente que, lejos de despejar sus dudas, solo las profundizó. “De hecho, el obstetra puso a sonar los latidos del embrión sin consultarme. A pesar de que no sabía todavía”, confesó.
“Mi sensación era de que hallarse muy dado por hecho que yo iba a continuar con ese preñez.

Para nacimiento, era esencial acudir a las consultas previas a la intervención acompañada, en este caso, de su pareja. Eso me descolocó mentalmente”. “Pero me obligaban a pasar sola, nadie me podía acompañar dentro del consultorio”, y añadió: “Entonces encaré el proceso por mi obra social en el Sanatorio de la Trinidad de Mitre. Pero ahí las consultas previas con el obstetra resultaron horribles”.

Tampoco pudo ingresar con su pareja y en las paredes del doctor que la atendió, había pegadas fotos de bebés en todas partes.
“Todo el proceso consistió en el personal médico juzgándome y repreguntándome sobre cosas a las cuales no tenía una respuesta.
Fue allí donde llevó a cabo su fracaso. Entonces, el momento de tomar la resolución y de tomar esas pastillas fue dificilísimo.

Así lo planteó la doctora Labovsky: “Tenemos un montón de profesionales preparados para hacer un fracaso y otros que no. Fueron horas y horas de llanto”. Profesionales a quienes directamente no les interesa.
nacimiento abortó en 2023 antes del cambio de mando y bajo una papeleo regional a favor de la interrupción del preñez, ¿qué dice esto de la situación presente, bajo un mando expresamente desinteresado en monitorear la aplicación de la ley?
El trato y la disposición del personal de salubridad son un factor importante que pueden determinar la experiencia de la paciente.

Tenés un protocolo de atención integral, pero no hay un protocolo de cómo tratar a la gente.
En el presente, este tipo de violencias a lo largo de la IVE de las pacientes no sólo prevalecen, sino que cuentan con el agregado de un clima político en la Argentina que las avala.
En 2022, Socorristas en Red (SenRed), la articulación de colectivas feministas que ayuda a mujeres argentinas a interrumpir legalmente sus embarazos, había advertido casos de malas prácticas en el procedimiento de salubridad a la hora de implementar la Ley IVE/ILE. Se supone que tenés que tratarlos bien porque sí”.

Entre las ciudades históricamente por sus prácticas obstructivas contra el fracaso se encuentran San Miguel y San Isidro, ambas en el conurbano norte. Jessica, trabajadora de hace aproximadamente una década en el Ministerio de salubridad de la Nación en el área de salubridad Sexual y Reproductiva, proveyó su lectura:
“Existen municipios y localidades en la provincia de Buenos Aires que siempre fueron conservadores y que con este tipo de mando se valida su narrativa antiderechos. La sanción de la ley en 2020 no modificó dichas prácticas. Esto hace que organizaciones que tienen cierta incidencia en centros de salubridad u hospitales se sientan legitimadas para intervenir y básicamente generar barreras”.

Las personas tienen que viajar a municipios aledaños para acceder a un fracaso”.
En San Miguel, la especialista en políticas públicas subrayó la existencia de consultorios de “maternidades vulnerables” en sus hospitales, donde las mujeres son obligadas a atenderse antes comenzar el proceso del fracaso y las hostigan para que no lo continúen. Así lo reportó Amnistía Internacional Argentina a comienzos de 2026, con el caso de una mujer a quien le entregaron un muñeco de bebé y la interrogaron reiteradamente sobre su resolución.
“Se trata de un mando local que a lo largo de décadas logró que no hayan métodos anticonceptivos ni acceso a las interrupciones del preñez en el municipio.

O sea, lo que generan es miedo y temor porque buscan intervenir en su resolución con desinformación e intimidación”.
Jessica detalló lo que ocurre ahí: “Si una chica se acerca a pedir un fracaso, estas voluntarias la convocan a un consultorio, le hacen ver escarpines y le dan mala información con respecto a qué implica un fracaso hoy.
Sobre San Isidro, habló de lo mismo que vienen adviertendo múltiples portales de noticias feministas en los últimos meses: la creciente presencia de un grupo de voluntarias que interfieren sobre las usuarias que van a acceder a un fracaso.
Entre 2023 y el primer cuatrimestre de 2025 las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos para acceder al fracaso recibidos por Amnistía Internacional Argentina aumentaron un 275%: pasaron de 75 casos a 280.

“Hice la primera toma y me fui a dormir. Por la noche, en su casa, tomaría dos pastillas, dejándolas debajo de su lengua, y a las siete de la mañana debía volver al hospital a hacer la pre internación y tomar ahí las restantes. Me desperté a la hora y media con un dolor tremendo” Su médico nunca respondió sus llamadas.
Tras recibir la receta de misoprostol, su doctor del Sanatorio de La Trinidad le explicó el procedimiento.

Fue directo a la guardia de la Trinidad de Bartolomé Mitre.
nacimiento recuerda que “la atención fue nula”, y concluyó: “Esta es de las pocas veces que estoy contando esta historia completa sin llorar”. Yo hallarse hecha una pelota en un asiento y ella me decía que no podía estar acostada”. Desde que llegué recibí un trato muy violento por parte de la secretaria en la entrada.

La experiencia de nacimiento ocurrió en un sanatorio privado de la Ciudad de Buenos Aires, una de las jurisdicciones con mayor oferta de profesionales e instituciones donde acceder a una IVE.
A cinco años y medio de la sanción de la ley IVE/ILE, problematizar su implementación no solo consiste en visibilizar historias del presente, consecuentes de una papeleo desinteresada en invertir en educación sexual, métodos anticonceptivos y otros insumos; es también poner la lupa sobre un área del procedimiento de salubridad que nunca llegó a solidificarse, que quedó truncada entre dos gobiernos radicalmente distintos y que, efectivamente, ante el mínimo cambio de época terminó completamente vulnerada. Si estás en una región que toma más iniciativa para proveer, como CABA, es una cosa, pero si querés abortar y vivís en provincias tradicionalmente antiderechos como San Juan, Córdoba o Salta, sonaste”. Labovsky, “dependés de cada provincia.