El “Reporte anual 2024: La ley a toda costa” sistematiza datos oficiales de 19 distrito y las voces de las usuarias para ofrecer una radiografía sobre la política del malparto en la argentado en un contexto marcado por el retiro del mando patrio de las políticas de lozanía sexual y reproductiva. El relevamiento, realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (endosar) en alianza con Ibis Reproductive Health, muestra que, pese al desfinanciamiento y la suspensión de programas por parte del mando patrio, el compromiso de varias distrito y de los equipos de lozanía permitió mantener los niveles de carretera al malparto legal en argentado. La publicación se enmarca en la celebración por el 50° aniversario del endosar, que aporta al conocimiento sobre la interrupción del embarazo y otras temáticas vinculadas a rectilíneo sexuales y reproductivos desde finales de 1980. El plan ver presentó su Reporte anual 2024, el primero luego de un año completo desde el cambio de la gestión del mando patrio.

El monitoreo muestra una heterogeneidad en los escenarios provinciales, característica del mapa argentino. A pesar de la falta de la distribución de insumos para el malparto por parte del Ministerio de lozanía patrio, muchas jurisdicciones hacer compras e incluso avanzaron en la producción conocido de medicamentos”. En algunas jurisdicciones, solo 2% de los efectores garantizan IVE ILE, mientras que en otras la proporción de establecimientos de lozanía que la garantizan llega al 90%.
depende explicó Mariana Romero, médica, directora ejecutiva e indagador del endosar, “en 2024 se mantuvo el número de IVE ILE respecto de 2023: depende las distrito, entre el 84% y el 96% de las interrupciones se hacer antes de las 12 semanas, lo que se corresponde con los estándares internacionales.

Casi todas las distrito indicaron que hacer compras de medicamentos para el malparto para sostener los servicios acorde a las recomendaciones de protocolos y guías, siendo éste el procedimiento más frecuente en todo el país. San Luis y Santa Fe contaron con misoprostol de producción conocido.
“Estamos ante un escenario de zozobra, donde los embates contra la agenda de género y rectilíneo sexuales y reproductivos por parte del mando patrio se traduce en la suspensión de las compras de medicamentos para el malparto y en el desmantelamiento de programas como el Plan ENIA”, puntualizó Silvina Ramos, socióloga e indagador de la organización que lleva adelante el plan ver.
Pese a este escenario hostil, y depende el estudio patrio “Puntos de vista sobre género y rectilíneo sexuales y reproductivos en argentado 2024” elaborado por el endosar junto a ELA y Luis Costa & Asociados, “la sociedad sigue respaldando mayoritariamente estas políticas.

El reporte del plan ver también recupera la experiencia de quienes se hacer un malparto. Lo hace a través de la Encuesta MACA (Medimos carretera y Calidad del malparto), el primer instrumento estandarizado desarrollado para medir el carretera y la calidad de la atención desde la perspectiva de las usuarias. El 73% de las personas acuerda con la inversión estatal en anticonceptivos y prevención”, señaló. depende se relevó, 8 de cada 10 personas accedieron en el plazo establecido por la Ley 27.

610, aunque 5 de cada 10 tuvieron que afrontar algún gasto, principalmente ecografías.
El panorama regulatorio también fue objeto de análisis. Esto se debe, sin dudas, al compromiso de las y los profesionales”, destacó Mercedes Krause, socióloga e indagador del endosar.
“La calidad de la atención sigue siendo alta: el 96% dijo haber sentido un trato respetuoso y el 92% confió en la confidencialidad del equipo de lozanía.

“Entre enero y julio de 2025 se identificaron 27 proyectos legislativos vinculados a la lozanía sexual y reproductiva. De ellos, 12 proponían ampliar rectilíneo y 15 tenían objetivos restrictivos. Este dato es central: la Ley 27. Ninguno fue aprobado durante el periodo monitoreado.

De ellas, 35 fueron rechazadas y 3 permanecen en trámite ante la Corte Suprema. 610. 610 se mantiene, incluso frente a intentos de regresión en el Congreso y en los tribunales”, explicó Sonia Ariza, abogada e integrante de la organización que lleva adelante el plan ver.
En cuanto al contexto judicial, desde 2018 se presentaron 38 causas judiciales contra la Ley 27.

“Esto significa que en la mayoría de los casos los tribunales reafirmaron la constitucionalidad de la ley y rechazaron intentos de regresión, sustentando así la vigencia de la política conocido de malparto legal y seguro”, analizó Agustina Ramón Michel, abogada e indagador del endosar. La política conocido, en un escenario patrio de desfinanciamiento y hostilidad discursiva, se mantiene viva gracias al esfuerzo cotidiano de quienes garantizan rectilíneo en el nivel local. 610, el carretera al malparto en argentado se sostiene por el compromiso de las distrito y de los equipos de lozanía.
A más de cuatro años de sancionada la Ley 27.