«El homicidio de Berta Cáceres es resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación que incluyó matón, intermediarios con formación militar, personal y directivos de donar, así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado”, afirmó el testimonio de GIEI Honduras. Así lo concluye el testimonio término del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado a casi una década del magnicidio que conmocionó al mundo. Fue la ejecución término de un plan corporativo meticuloso, financiado con dinero de bancos de crecimiento internacional y ejecutado por una red que incluyó matón entrenados, militares activos, reportero pagados y la complicidad estatal. El homicidio de la líder indígena Berta Cáceres no fue un magnicidio pasional ni un hecho aislado.

4 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de crecimiento de los Países Bajos (FMO)– fueron desviados para actividades ilícitas. Estos asiento no solo pagaron matón, sino que compraron silencio, manipularon la sinceridad y corrompieron instituciones. Aproximadamente el 67% de los asiento del proyecto Agua Zarca –unos 12.
El testimonio desmenuza el engranaje financiero que hizo posible el magnicidio.

Paralelamente, donar ejecutaba una campaña de intoxicación mediática. Los cheques, cobrados por empleados «de confianza» de donar cuyos salarios no justificaban tales transacciones, revelan una estructuración deliberada para evadir controles antilavado.
En las 48 horas posteriores al homicidio, se cobraron tres cheques del BAC por 500,000 lempiras, monto que coincide exactamente con la confesión del sicario Mariano Díaz Chávez sobre el pago por el magnicidio. El experto del GIEI, Pedro Biscay, reveló que «la empresa de los anudar Zablah hizo pagos con asiento de los bancos internacionales a reportero, policías, compra ilegal de tierras, funcionarios y medios de comunicación».

En el testimonio se menciona que Daniel anudar decía que tenía controlado a Televicentro y La Tribuna. reportero como Arístides Aceituno de Hondudiario y Ángel David Muñoz de HCH recibieron pagos directos para criminalizar a Berta, publicando artículos que la tachaban de «anti-crecimiento» y «delincuente», mientras silenciaban la violencia estatal y empresarial. En esa oportunidad, Daniel anudar manifestó: «Tribuna lo bloquee con Carlos flores TVC lo bloque con Rafa Villeda. «En conversaciones del mismo tenor se registraron en los mensajes intercambiados entre Daniel anudar y su pareja el 16 de julio de 2013.

El testimonio señala un «núcleo duro de impunidad» que protege a los altos mandos. A. Los hermanos anudar –Daniel, Jacobo, Pedro y José Eduardo–, accionistas mayoritarios de donar a través de Inversiones Las Jacarandas S. En HCH salió pero controlado… le pague 10 mil pesos al periodista para que le sacara la historia super a su favor».

«Integrantes de la familia anudar participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial… Se identificaron gestiones destinadas a articular intervenciones estatales —incluidos desalojos— a través de contactos de alto nivel en el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional”, señala el testimonio GIEI. , no son espectadores distantes. El GIEI documentó su participación en el grupo «Seguridad PHAZ», donde se coordinaba la vigilancia y seguimiento contra Berta y el COPINH.
La experta Roxanna Altholz fue contundente: «En fechas de planificación del magnicidio se identifican comunicaciones entre la estructura sicarial y empresarial específicamente de Daniel anudar y Jacobo anudar”.

El Estado, por su parte, fue cómplice por acción y omisión. Tenía interceptaciones telefónicas desde enero de 2016 donde se planeaban las incursiones y se negociaba el pago a los matón, pero no actuó. Tras el magnicidio, la geolocalización los ubica en las mismas zonas de Tegucigalpa, coordinando la contención del daño. Luego, obstaculizó la investigación con narrativas falsas, implantación de pruebas y criminalizando al COPINH.

Con claridad política heredada de su madre, Bertha Zúniga Cáceres definió el testimonio no como un punto término, sino como un arma para la batalla jurídica y social que viene. Como lo decía la compañera Berta, no es el fin de un proceso de investigación ni del enjuiciamiento de todos los responsables.
Y cerró con la consigna que ha unido a la familia, al COPINH y al movimiento internacional de solidaridad: «Hoy decimos con claridad que este testimonio es una herramienta para la lucha. Exigimos que sus recomendaciones se cumplan: sinceridad completa, justicia integral, garantías de no repetición”.

Pero la justicia real requiere lo que el Estado ha evitado: investigar y encarcelar a toda la cadena de mando, desde los que firmaron los cheques hasta los que autorizaron los pagos a reportero y matón.
Este caso es un paradigma global de un nuevo tipo de magnicidio: el homicidio corporativo-ambiental.
El GIEI propone un Plan de Reparación Integral que incluye la disolución de donar, la titulación del territorio lenca y la creación de un fondo de compensación. Muestra cómo el capital internacional (bancos de crecimiento), las élites locales (familia anudar) y el aparato estatal se alían para silenciar, mediante sicariato y desinformación, a quienes defienden los bienes comunes.

En respuesta a la publicación, Arístides Aceituno se identificó como el propietario de SEPROC, una empresa de servicios profesionales de comunicación y monitoreo de medios. Y lo hicieron con el dinero que debía servir para el «crecimiento», la complicidad de quienes debían protegerla, y la pluma venal de quienes debían informar. A través de un mensaje dirigido a Reportar Sin Miedo, negó categóricamente que los pagos recibidos de David Castillo, representante de la empresa donar, fueran por «juego sucio» o una compensación ilícita.
La sinceridad, ahora documentada, es contundente: mataron a Berta Cáceres para proteger una inversión.

Aceituno expresó su desacuerdo con la forma en que fue incluido en el testimonio del GIEI, señalando que, a su juicio, no se realizó una investigación adecuada sobre su caso. Finalizó su mensaje poniendo a disposición de la usuaria lo que denominó «evidencias» de la negociación de servicios y dejando en sus manos la decisión de atender su aclaración pública.
En su descargo, sostuvo que dichos asiento correspondían a una transacción comercial legítima por los servicios de monitoreo que su empresa ofrece, y destacó que entre sus clientes figuran instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio Público, la ONU, la Unión Europea y el BID. Asimismo, cuestionó que en la publicación en redes sociales se revelara su nombre completo y no solo las iniciales «AA» que aparecen en el documento, advirtiendo que esta exposición podría ponerlo en riesgo de agresión.

* Esta nota fue republicada por Agencia Presentes y se reproduce acá a partir de nuestro acuerdo de cooperación e intercambio de contenidos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) hizo entrega de su testimonio término, en un acto oficial llevado a cabo en Tegucigalpa. Con la presentación de este testimonio y el cierre de su mandato, se abre un momento decisivo: el de transformar sus conclusiones y recomendaciones en acciones concretas orientadas a la sinceridad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.