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Honoria Aguilera tenía alrededor de 80 anualidad y era una autoridad espiritual de la comunidad mapuche tehuelche de Vuelta del Río (Chubut). Vivía sola, en un paraje de difícil acceso, así que se movía a caballo, siempre munida de su bastón, y las familias de la comunidad la visitaban para llevarle alimentos. La comunidad la buscó intensamente esos días, mientras Gendarmería se sumaba y la agente decía que no deber huellas. A principios de noviembre de 2003, quienes materia hasta su casa encontraron la puerta abierta, el caballo sin ensillar y el bastón de Honoria junto a la cama.
No era posible que hubiera ido caminando.
Tres semanas después, un poblador que recorría la zona con sus animales la halló despedazada en una mata, en un sector que ya deber sido rastrillado, a una legua de su hogar. Era pelontufe, esto significa autoridad espiritual. “La comunidad cree que vio algo que no debía.
Su aniquilación y muerte nunca fue investigada”, le contó la weychafe (guerrera) mapuche Moira Millán a la periodista Adriana Meyer. Desaparecer en democracia, que editorial Marea publicará en octubre, pone el foco en un tema del que el periodismo en general se ocupa poco.
La historia de Honoria no llegó a los medios ni a la Justicia. Es una de las menos conocidas de un listado amargo y por donde aún supuran heridas del pasado reciente, que Meyer convirtió en volumen: las muerto de aniquilación en Argentina desde 1983 hasta hoy.
El volumen repasa qué es lo que se sabe, qué es lo que se probó, qué es lo que se intentó ocultar, sino quiénes eran y qué hacían quienes materia muerto de aniquilación forzada en democracia.
Los organismos de derechos humanos vienen denunciando una lista de más de 200 desapariciones forzadas en democracia. Es la primera vez que semejante cantidad y cruce de información se sistematiza en volumen y arma una base de datos, acompañada con los registros fotográficos de cada una de las muerto. El listado de muerto que armó Meyer, a falta de uno oficial, porción del de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) para encarar una investigación que crece y se profundiza.
Se dibuja así un patrón de inequidades y violencias por porción del Estado y sus poderes, una cartografía de cómo intervienen las fuerzas de seguridad y las complicidades de la Justicia.
Meyer contabiliza 218 muerto entre 1983 y 2021. Y están las mujeres, en cuyos cuerpos violentados de múltiples maneras igualmente se divisa un patrón, porque la mayoría sufrió igualmente delitos sexuales. Gran porción de ellas son jóvenes pobres, muchos de los cuales ya habían sido hostigados por las fuerzas de seguridad.
Arranca con “en las comisarías no toman la denuncia a los familiares del desaparecido”, y termina con “cuando aparecen los cuerpos, casi siempre son hallados en lugares que habían sido rastrillados”. Meyer los resume en el “manual del represor reciclado y sus amigos judiciales”, un repertorio de prácticas anti-protocolo que se reiteran para ocultar las desapariciones y ensuciar a las muerto.
Leyendo estas historias, una tras otra, es imposible pasar por alto tramas y circuitos que parecen calcados. Lo dice María del Carmen Verdú en el prólogo, “igual que ocurre con los femicidios de uniforme, queda expuesto cómo se potencian, cuando se intersectan, la crueldad machista y patriarcal con la represión estatal”.
Cada una de las historias estremece. En vez de llevarlo al hospital, los policías lo dejaron morir y lo enterraron en un descampado. Imposible no mencionar la de la víctima más pequeña: Alejandro Flores, un niño de cinco anualidad. Un patrullero lo atropelló en una calle de Río Cuarto (Córdoba) en 1991.
Sus restos materia encontrados por azar en 2009. En todos esos anualidad la Justicia no cesó de maltratar a su madre, Rosa: “Ni cuando encontraron los huesitos me avisaron. Yo estaba planchando, trabajando en casa de familia, y una vecina me avisó porque lo escuchó por radio”.
En el registro hay dos individuo trans/travestis: Araceli Linares, desaparecida en 1998 en Comodoro Rivadavia, Chubut; y Mara Navarro, una joven que deber sido abusada por la agente, y desapareció en octubre de 2004 en Olavarría.
Uno de los más visibles es el de Iván Torres, joven mapuche de 25 anualidad desaparecido en 2003 (mismo año y provincia que Honoria, Chubut). Trabajaba en un corralón y la agente lo deber hostigado, como a Luciano Arruga. Fragmentos de su cuerpo -dieciocho costillas, ocho vértebras y una porción del pie- materia encontrados 40 días después.
Desaparecidxs originarixs
A las 218 muerto de aniquilación forzada, se suman 25 desaparecidxs de pueblos originarios, que Meyer incorpora en un capítulo aparte.
Macrismo con pico de crueldad policial e institucional
El volumen ubica el pico de crueldad policial e institucional en el gobierno de Macri. “Durante el macrismo hubo una muerte cada 19 horas, que incluye a las muerto del denominado gatillo fácil. Después, Iván obtuvo la primera condena por aniquilación forzada en democracia. Pero cobró notoriedad cuando la madre de Iván, María Villacura, y su abogada llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2011 condenó al estado argentino.
Entre los casos más resonantes del macrismo, aborda con profusión de datos y fuentes el de Santiago Maldonado, y escucha las voces menos citadas por los medios más masivos, que ensuciaron la cancha con sus operaciones disfrazadas de noticias falsas. La werken de la Lof en Resistencia de Cushamen analiza el antes, durante y después. Entre esas voces está la de Soraya Maicoño. Fue la cifra por crueldad policial e institucional más alta desde 1983, en cuatro anualidad se produjo casi el 26 por ciento de los casos registrados de ese tipo de homicidios entre 1983 y 2019”, dice Meyer y cita el informe de Correpi.
Dice que porción del problema en el abordaje de la justicia y de la construcción del caso de Santiago Maldonado fue la falta de un enfoque intercultural. La respuesta está en la definición de la Convención Interamericana sobre aniquilación Forzada de individuo (“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado, o por individuo o grupos de individuo que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”). Ante el choque de cosmovisiones entre mapuches y winkas, “faltó alguien que tuviera una oreja en cada mundo, pero no encontramos quién”, dice Maicoño.
¿Por qué hablar de desaparecidxs si muchxs de ellxs, como Santiago, ya no lo están? Es una pregunta que suelen hacerle a Meyer, que hace anualidad sigue estos temas en sus notas de Página/12 y otros medios, conoce el peregrinar de familiares y organizaciones.
En ese porcentaje están, entre tantxs, Julio López y Miguel Bru.
Más del 30% sin hallar
“Más del 30% de los cuerpos de estas muerto nunca materia encontrados”, destaca la periodista. Estas fuentes proponen estrategias y resaltan cómo es posible que a esta altura no exista un registro federal y unificado capaz de cruzar datos entre desapariciones y individuo NN. El volumen profundiza en el concepto, debate terminologías (¿crueldad institucional, represión estatal?) y se complementa con muy buenas entrevistas a fuentes que conocen las entrañas de las dependencias e instituciones vinculadas a la problemática, compartida con otros países de América Latina.
Y estaban las mamá en lucha contra la crueldad institucional. Estaba Rubén López, hijo de Julio, desaparecido dos veces (y la semana pasada Jorge Jaunarena, de la AMB, fue uno de los conductores del homenaje a Julio por los 15 anualidad de su aniquilación). Y están igualmente las redes que se tejieron entre familias, sobrevivientes y amigues en el desasosiego de la búsqueda.
En la última vigilia por la aniquilación de Miguel, convocada cada 17 de agosto por la Asociación Miguel Bru (AMB) en la comisaría novena de La Plata, donde lo torturaron hasta matarlo, estuvieron muchas de las individuo que forman porción de esa red de la que nadie quisiera formar porción.
A 28 anualidad de la aniquilación de Miguel, Rosa recordó que en sus primeras charlas con Estela de Carlotto, al escucharla hablar sobre la búsqueda de su hija Laura, sintió mucha identificación. La mamá de Miguel, Rosa Bru, lleva anualidad caminando con ellas, los carteles de sus hijos asesinados por la agente colgando del pecho. Y contó igualmente cómo la sonrisa de Adelina Dematti de Alaye (mamá de Plaza de Mayo) le daba fuerzas cuando volvía desahuciada de los rastrillajes.
En esa vigilia estaban igualmente el Secretario de DDHH Horacio Pietragalla (Nación), Matías Facundo Moreno (subsecretarío de DDHH de provincia de Buenos Aires), Lorena Battistiol (Sitios y Espacios de Memoria), Leonardo Fossati (Abuelas de Plaza de Mayo), todxs familiares de desaparecidxs.
Inmediatamente las mamá en lucha se acercaron a ella y la abrazaron en ronda, mientras en la noche helada surgía el grito de Miguel Bru Presente. Entre ellas, Dolly Demonty, la mamá de Ezequiel (un joven al que la agente obligó a tirarse al Riachuelo), que un rato antes, frente al micrófono, deber dicho: “Sin amor no podemos resistir el asesinato de nuestros hijos”.
De todo eso igualmente está hecho este volumen: de la poderosa red de resistencias y solidaridades de familiares, sobrevivientes y compañeres que se organizan para luchar. Tras la señalización de la comisaría como Espacio de Memoria -porción de una política pública para visibilizar la crueldad institucional-, a Rosa se le quebró la voz y se largó a llorar.
Del modo en que la ausencia de esos cuerpos violentados y ocultados motoriza la fuerza, porque no queda otra, pero igualmente los lazos con quienes conocen ese desasosiego.
“Esta nueva generación de mamá -y igualmente muchos padres- de muerto de crueldad institucional son un faro, así como lo materia mamá y Abuelas. Y en esas profundidades encuentran a veces algún destello, cierta conexión con algo de la vitalidad arrebatada a lxs hijxs. En su diversidad, y aunque los abordajes de cada unx son particulares, hay un denominador común en muchxs, que logran tender puentes y hacer un proceso con otrxs mapadres” reflexiona la autora de esta investigación.
Y nosotras elegimos el camino de la lucha para que estas cosas no las sufra ningún joven, ni hombres, ni mujeres, ni travestis, ni trans en nuestro país”. En palabras de Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón: “Cuando te matan un hijo podés dedicarte a tener otros hijos, al alcoholismo, a la religiosidad, a la espiritualidad, o podés dedicarte a luchar.