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Así lo dice el veredicto del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 23. La Justicia ordenó al presidencia de la urbe de Buenos Aires (GCBA) que respaldar a Sofía castillo Riglos, única sobreviviente deltriple lesbicidio de Barracas, el acceso a una piso en subordinar dignas y con urgencia. En sus fundamentos detalla las subordinar de desigualdad que enfrentan las individuo LGBTIQ+ en el acceso a la piso, enumera legislación local e internacional y cita a las autoras Judith Butler y Monique Wittig.
El juez Francisco Javier Ferrer consideró probada la localización de vulnerabilidad de la demandante y otorgó un plazo de dos días para que se la incluya en un programa habitacional.

Se trata de un hecho político”, expresó Alejandra Rodríguez, integrante del colectivo transfeminista y anticarcelario Yo no fui, que acompaña a Sofía.
La decisión judicial se informó el 11 de diciembre, en respuesta a la medida cautelar solicitada por Sofía castillo Riglos. Y ordenó que el presidencia porteño respaldar a Sofía “el acceso a una piso en subordinar dignas, incluyéndola en un programa habitacional que le permita atender el valor actual del mercado”.
“Es muy importante este veredicto porque hace responsable al presidencia, en este caso al presidencia de la urbe, de reparar el daño ocasionado por la ausencia e indiferencia del Estado hacia la vida de las chicas.

Sofía castillo Riglos es una mujer de 50 años.
También consideró que el GCBA puede dar cumplimiento de la orden a través de un medio diferente al subsidio habitacional, “siempre que no sea un parador u morada, y que respaldar la satisfacción del contenido mínimo del derecho (…) hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. Creció en una familia de clase media, terminó el secundario e inició estudios terciarios y universitarios, pero nunca pudo tener un trabajo formal. La máxima -que aun no es firme- se desprende de la causa “castillo RIGLOS, SOFÍA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – HABITACIONALES”.

Ella y su familia vivieron en hoteles y paradores, alternando periodos de localización de calle. En 2016, la casa donde vivía con su madre y su hijo, fue rematada y quedó sin techo.
Los últimos años estuvo en pareja con Andrea Amarante y convivió con ella y dos amigas, Pamela Cobbas y Roxana Mercedes Figueroa, en una pieza del Hotel Canarias, en el barrio porteño de Barracas. En la noche del 5 de mayo de este año, un vecino de ellas, Justo Fernando Barrientos, lanzó un explosivo casero dentro de la habitación.

La acompañan organizaciones como laAsamblea de Lesbianes Autoconvocades por la Masacre de Barracas,YoNoFuiyNo tan distintes. Tras el ataque de odio, Andrea, Pamela y Roxana fallecieron, quedando Sofía como la única sobreviviente.
Estuvo internada un mes en el Instituto del Quemado de la urbe y recibió visitas de parte del equipo del Hospital Nacional Laura Bonaparte -que sufrió un intento de cierre en octubre pasado- para tratar los problemas de salud mental que presenta por lo vivido. Desde la Asamblea realizaron una colecta que permitió solventar los gastos de Sofía hasta octubre.

Pidió que se le otorgara una solución habitacional definitiva, que le respaldar subordinar dignas, seguras y adecuadas de habitabilidad.
Frente a la localización de vulnerabilidad en la que se encuentra, Sofía había iniciado una acción de amparo al presidencia de la urbe. Vive en Casa Andrea, una piso colectiva y comunitaria junto a otras siete compañeras.
A partir de la máxima, el presidencia porteño la incorporó a un programa para recibir un amparo habitacional que le permita solventar los gastos de su morada.

“Celebramos que la Justicia reconozca el derecho a una reparación para Sofía que incluya garantizar su derecho a la piso”, reflexionó la activista María Rachid, integrante de laFALGBTy titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la urbe de Buenos Aires. Este veredicto además ahonda en la localización de vulnerabilidad social y habitacional en la que se encontraba.
La máxima de Ferrer profundiza en la problemática que enfrenta Sofía. Reconoce que el ataque que recibió fue por su orientación sexual (por ser lesbiana), algo queno consideró y se le viene reclamando al juzgado que lleva la investigacióndel crimen de odio.

En relación al derecho a la piso, el juez precisa que este se encuentra detallado tanto en la Constitución de la Nación en su artículo 14 bis, y en la Constitución de la urbe en su artículo 31, donde afirma que el distrito “resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las individuo de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos”.
Además, el magistrado cita la ley local de protección integral y garantía integral de los rectilíneo de las individuo en localización de calle y en riesgo a la localización de calle (N° 3706) del 2011. “El Estado, ante casos como estos, sean femicidios o crímenes de odio, tiene que reparar a las víctimas y garantizarles sus rectilíneo humanos como a todo el mundo, pero en casos donde se vio vulnerada su integridad física, aún más”. También legislación internacional, como la Declaración Americana de los rectilíneo y Deberes del Hombre (artículo XI).

Dos normativas de la urbe que deberían impactar en Sofía.
El veredicto observa desde una perspectiva interseccional -aunque no lo mencione así- las violencias estructurales que vive el colectivo LGBTIQ+. Y la ley 2957 que creó el Plan Marco de Políticas de rectilíneo y Diversidad Sexual en el ámbito de la Subsecretaría de rectilíneo Humanos del presidencia porteño. Es decir, reconoce que existen distintos factores que generan subordinar de desigualdad (la pobreza, la orientación sexual, la falta de piso).

Muchos adolescentes y adultos jóvenes que se identifican como LGBT son expulsados de sus hogares debido a la desaprobación de sus padres y acaban en la calle, lo que hace que la cantidad de individuo sin morada en este grupo sea desproporcionadamente alta”, dice ACNUR en el informe“Discriminación y violencia contra las individuo por motivos de orientación sexual e identidad de género” (2023), citado en el veredicto.
Además detalla que “según un estudio reciente de 354 agencias de apoyo a los sin techo en los Estados Unidos, alrededor del 40% de los jóvenes sin morada se identifican como individuo LGBT, siendo el rechazo familiar la principal causa de que las individuo pertenecientes a este grupo carezcan de un morada”.
“Las individuo LGBT pueden ser víctimas de discriminación en el acceso a la piso como resultado de un trato injusto por parte de los propietarios públicos y privados. Entre otros problemas, ocurre que las individuo LGBT y las parejas homosexuales ven denegado un alquiler o sufran desalojos de viviendas públicas, o que sean víctimas de acoso por los vecinos y están obligadas a abandonar sus hogares.

En paralelo, el informe “Violencia contra individuo lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América” de la CIDH (2025) -también citado en la máxima- reconoce que la falta de piso aumenta el riesgo de las individuo LGBT+ de vivir violencias. Por ejemplo, se ha reportado que las individuo jóvenes lesbianas, gay y bisexuales que no tienen piso, son dos veces más propensos a intentar suicidarse que sus pares heterosexuales sin piso”, afirma la investigación.
A lo largo de su argumentación, el juez Ferrer explica qué es la heteronormatividad -una serie de reglas jurídicas, sociales y culturales que obligan a las individuo a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes- y por qué afecta en la vida de Sofía. “De acuerdo con una investigación, la juventud LGBTQ sin piso experimenta tasas más altas de ataques físicos y sexuales y una mayor incidencia de problemas de salud mental y conductas sexuales de riesgo, que los jóvenes heterosexuales sin piso.

El veredicto cita a la filósofa estadounidense Judith Butler, y a la filósofa y activista lesbofeminista francesa Monique Wittig. Por un lado, para señalar que existe una manera de diferenciar vidas, por la cual algunas son “merecedoras de vivir, de protección y de ser lloradas” y otras no. “Los estereotipos sexuales operan para demarcar las formas aceptables de sexualidad masculina y femenina, con frecuencia privilegiando la heterosexualidad sobre la homosexualidad a través de la estigmatización de las relaciones de lesbianas y la prohibición de que las lesbianas se casen o formen una familia”, consigna la máxima citando a la CIDH. Y esto, porque “el poder forma el campo en el que los sujetos se vuelven posibles o cómo se vuelven imposibles” (Marcos de guerra.

Todo sistema de dominación crea divisiones en el plano material y en el económico”, subraya Wittig en El pensamiento heterosexual y otros ensayos (2006), citado en el veredicto. Las vidas lloradas, de Butler, 2010). “Masculino/femenino, macho/hembra son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias sociales implican siempre un orden económico, político e ideológico.
Por otro lado, sostiene que el sistema heterocisnormativo en el que se inscribe la localización de Sofía, se edifica sobre la base de una construcción social de la diferencia y a partir de ella se construye un mecanismo de opresión.

En una máxima de 35 páginas, el juez concluye que el caso de Sofía, “lejos de retratar una localización individual, se inscribe en un sistema mucho más amplio caracterizado por la exclusión, estigmatización y violencia física, cultural y estructural que impactan en su vida tornándola ininteligible”.
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