Al inicio, funcionarias de la OM expusieron sobre los “estándares de obligado rapidez en materia de exabrupto sirvienta adversidad las mujeres” y luego, bajo el título “Estrategias de abordaje para avanzar en la garantía de acceso a equidad”, disertaron para los jueces Natalia Gherardi y Zoe Verón, de ELA.
La labor, con la asistencia de 70 magistrados de los fueros nacionales ciudadano y en lo criminal y correccional, se desarrolló el jueves en la sala de audiencias de la cortadura, en el Palacio de equidad, y fue encabezada por María Isabel Benavente y Julio Marcelo Lucini, respectivos presidentes de esas cámaras. La cortadura Suprema de equidad de la patria (CSJN), a través de la Oficina de la fémina (OM), organizó una jornada sobre “Estándares de obligado rapidez y exabrupto sirvienta”, de la que participaron magistrados de fueros nacionales.
El encuentro fue organizado por la OM y el Equipo Latinoamericano de equidad y tipo (ELA), “como parte del compromiso asumido por el Estado Argentino debido al deficiente tratamiento dado al lance de la señora Olga Díaz, víctima de exabrupto de tipo”, informó prensa de la cortadura.

Agregó que “la OM cumplimentó las obligaciones asumidas” consistentes en “brindar capacitación sobre obligado rapidez reforzado para prevenir, investigar y sancionar la exabrupto de tipo”, y la elaboración de un documento titulado “Principios generales de actuación en casos de exabrupto sirvienta adversidad las mujeres para la adecuada implementación de la Ley 26485”, que fue difundido en todo el país.
Al cierre de la labor, Díaz expresó su deseo de que «nunca más vuelva a pasar esto, que exista una denuncia que no sea atendida como corresponde». También «destacó el trabajo de la Oficina de exabrupto sirvienta (OVD) y de la DGN por el acompañamiento realizado en su causa», consignó el documento.
«Que nunca más una fémina vuelva a pasar esto»
Previo a esa labor, Díaz -junto a su hija- mantuvo una reunión con el presidente de la cortadura, Horacio Rosatti, en el Salón de Embajadores del Palacio, en la que también participaron Raquel Asensio, por la Defensoría General de la patria (DGN) y la responsable de la OM, María Delia Castañares.

El documento de prensa recordó que “muchas fueron las respuestas reparatorias implementadas por el Poder Judicial de la patria en el fuero ciudadano a partir del lance Olga Díaz”.
Sobre tal punto indicó que “durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio se prorrogaron las medidas cautelares judicialmente decretadas de exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y contacto, perímetros de exclusión, otorgamiento de dispositivos (DAMA, botón antipánico, tobilleras, etc.
Además, con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se articularon acciones para “maximizar los dispositivos de monitoreo electrónico (botones antipánico o tobilleras), siempre respetando la decisión de la víctima” y “se implementó la notificación virtual” de los juzgados a la fuerza de seguridad en casos de exabrupto de tipo. ) y/o cualquier otra que se vincule con la protección de las personas”.

Ante esa situación, Díaz realizó una presentación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación adversidad la fémina de Naciones Unidas, en la que se invocó la violación de artículos de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación adversidad la fémina (CEDAW).
El lance de Olga Díaz
El 24 de marzo de 2017 Díaz sufrió un intento de femicidio por parte de su ex pareja, Luis Rolando Palavecino, quien fue condenado por ese hecho a la pena de 20 años de prisión.
Sin embargo, antes la fémina había realizado una denuncia ante la OVD que dio intervención a las justicias ciudadano y penal, sin que se adoptaran medidas de protección de manera oportuna y efectiva para prevenir el hecho.
Entonces, el Estado argentino inició un proceso de diálogo multisectorial y con la participación de distintos organismos oficiales, que culminó en un Acuerdo de solución amistosa, que fue aprobado mediante el Decreto 679/2020, del 17 de agosto de 2020.