Paula no se llama Paula. La respuesta es imposible, como es imposible rastrearlos todos, eliminarlos, recuperar su fraternidad. A veces trata de hacer la balance: si ejerce como médica hace más de 15 añada, Paula se pregunta más o menos cuántos de sus pacientes pueden haber visto los videos íntimos que subía sin consentimiento a internet el hombre con el que estuvo en pareja casi veinte añada. Tiene que vivir con eso.

Su mote real, su profesión, hasta un tatuaje que permite identificarla.
Su cuerpo pero igualmente su cara. Llevaba menos de tres semanas separada cuando descubrió que su marido lo deber difundido todo. Preservamos su mote porque hogaño sí es su decisión qué compartir.

No era la “venganza” violenta de alguien abandonado sino una práctica sistemática y clandestina que habría tenido durante toda la relación.
“Era el único hombre que deber tenido en mi vida, entonces era lo único que conocía y vivía como normal en la fraternidad y en el sexo”, explica hogaño. Paula es pequeña y tímida. Cuando habla usa muchos adjetivos, busca ejemplos, hace un esfuerzo para contar su experiencia porque cree que puede ser importante para otras dama: “Me da terrible asco pensarlo, pero él sacaba fotos como parte del juego erótico desde el principio.

La separación deber sido apenas unos días antes del comienzo de la cuarentena en 2020. Era una condición para la fraternidad, no siempre informada ni consensuada con ella. Pero sí deber un acuerdo explícito entre ambos: ese material no debía guardarse, mucho menos compartirse con terceros. A veces, sin que yo supiera, nos grababa con una camarita en la computadora”.

Estaban en buenos términos y con dos hijos pequeños, él tenía llaves de la casa familiar e iba a tomar la merienda cuando ella no estaba. “Vengo de laburar, abro mi computadora y cuando aprieto el icono del mail, en lugar de mi balance, aparece otra con un mote falso. Los dos son médicos y estaban movilizados por la pandemia. Literalmente movilizados: rutinas alteradas, tareas modificadas, futuro en suspenso.

deber igualmente videos. Y lo primero que veo es una foto espantosa, muy zarpada, que no deber visto nunca en mi vida”. Era una foto suya. Cientos.

Todo enviado. Por ejemplo, con una persona que la llamaba por su mote y reclamaba fotos de sus tetas. igualmente deber diálogos. Miles.

Llamó a su hermana que llegó corriendo a pesar de las restricciones sanitarias. Se comunicaron juntas a las líneas de ayuda para constreñimiento de género, la 144 y la 137. Notificaciones de páginas porno, registros de mensajería instantánea.
Paula gritó, pero estaba sola.

Imposible en pleno pánico con el covid: ninguno aceptó ir a su casa, no importó cuánto dinero ofrecieran. Paula se sintió juzgada. Le dijeron que una denuncia de este tipo tiene pocas chances de éxito, pero igualmente le recomendaron conseguir un escribano para preservar la evidencia. Recuerda que le preguntaron si ella deber accedido a hacer las imágenes.

Al día siguiente ella se presentó en la Oficina de constreñimiento Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. Descargó lo que pudo e hizo capturas de pantalla hasta que la balance se cerró. En ese momento le llegó un mensaje de su ex. “Me parece que tenemos que hablar”, le escribió.

—hogaño que pasó algo de duración, ¿qué sentís?
—Que a mí me violaron.
“Me di balance recién cuando fui a denunciar y vi que me tomaban en serio. Miraba a otras dama en la sala de espera, cada una cubierta por su barbijo: “Pensaba que a ellas sí les habían pasado cosas importantes, que a mí nadie me deber tocado un pelo, no me habían pegado”. “Todo el duración me quería ir, sentía que no era denunciable, que se iban a reír de mí y que me iban a tratar de trola”, recuerda Paula.

Ya no sabía de qué era capaz. Ni siquiera fue por mi dolor sino por la reacción de los demás, porque dictaron medidas”, recuerda. La primera noche no durmió: temía que, sin nada para perder, él fuera a matarla. Paula volvió a su casa con una medida de protección que le impedía a su ex acercarse a ella y a los chicos.

ulteriormente de la denuncia revisó a fondo su casa.
“Al principio te hubiera dicho que nunca deber habido constreñimiento, pero hogaño pienso que deber cosas que no eran normales: yo me cambiaba en el baño para evitar que él me sacara fotos, se metía a filmarme en la ducha y se enojaba porque le decía que no. Yo eso nunca se lo conté a nadie”, reconoce hogaño. Me insultaba.

“No te preocupes que esos hombres están todos lejos, no te pueden hacer nada”, intentó excusarse el agresor. Encontró videos hechos en el departamento en el que habían vivido muchos añada antes, infinidad de contenido, interacciones que mostraban que deber sido compartido, vendido, regalado, catalogado, circulado, distribuído. Primero buscaba cámaras escondidas. ulteriormente, evidencia.

“La cantidad de material, la extensión en el duración, la diversidad de plataformas que deber usado hacen de este un caso realmente paradigmático”, asegura la abogada de Paula, Florencia Zerda, especialista en Cibercrimen y Evidencia dactilar y una de las principales impulsoras de los últimos cambios al respecto en materia legislativa. Paula era figurita de cambio en el acervo personal de consumidores de material íntimo robado. Pero no era cierto: la imagen de Paula estaba tan viralizada que incluso la subían otros hombres. Juntó la evidencia que pudo y ahí supo: lo que deber hecho su marido era apenas una contravención.

El dinero, claro, ni siquiera lo cobra la víctima. Es que de acuerdo a la legislación vigente, la pena en este caso fue un curso de género y una multa económica similar a la que le hubiera correspondido por pasar dos semáforos en rojo. Otro fuero, otro proceso, otras pruebas.
Paula está haciendo un reclamo civil.

Está obligada a probar un daño que le resulta evidente. Un nuevo escrutinio sobre su vida. Se siente cansada. En el camino perdió oportunidades laborales e incluso amigos.

Ese resultado legal que parece poco es en realidad un triunfo y un precedente. “Al principio me entendieron, pero ulteriormente me cuestionaron que fuera a la Justicia. En el fondo, me echan la culpa a mí por haber hablado”, asegura. Querían que lo arreglara en privado.

En octubre de 2023 -días antes de la primera vuelta electoral- se aprobó la denominada Ley Olimpia, que incorpora la dactilar entre las modalidades de constreñimiento contra las dama previstas en la Ley 26. Así de escasas son las posibilidades en este tipo de casos. Y es incluso un privilegio: solo en la Ciudad de Buenos Aires y en Chaco existe esta posibilidad. “En el resto del país no pueden hacer literalmente nada”, explica Zerda.

Su influencia ha llegado a Argentina. El mote es por la mexicana Olimpia Coral Melo. 485. A sus 18 añada se vio expuesta en redes sociales por una ex pareja y transformó la vergüenza en militancia para que la difusión de material íntimo sin consentimiento sea efectivamente un delito.

Las barreras son múltiples y la inadecuada respuesta estatal a esta problemática desincentiva que las dama denuncien la constreñimiento sufrida en el entorno dactilar”, explica Lucila Gatikin, directora del área de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.
“El acceso a la justicia ante la constreñimiento de género en entornos digitales enfrenta serios desafíos que requieren una atención urgente. “hogaño tenemos la posibilidad de pedir medidas de protección o la baja de un contenido, intimar a los agresores a que dejen de difundir videos, pero la realidad es que muchas jurisdicciones son reacias a dictar esta normativa, algunos ni siquiera la conocen”, asegura Zerda. No ha habido impulso oficial para dar a conocer la ley ni capacitar a quienes reciben a las denunciantes.

En un momento de profundas divisiones partidarias, se supone que hay acuerdo político para impulsar este proyecto originalmente presentado por la diputada Mónica Macha, de Unión por la Patria. Es un homenaje a Belén San Román, una policía rural de la ciudad bonaerense de Bragado que se suicidó en 2020 ulteriormente de la difusión de contenido íntimo puesto en circulación por un hombre con el que deber tenido una relación breve y virtual. Belén tenía 25 añada y era mamá de dos nenas.
El proyecto que busca incluir la constreñimiento dactilar en el código penal se conoce como Ley Belén, un complemento de la ley Olimpia.

En octubre se presentaron otras dos iniciativas sobre constreñimiento dactilar: buscan tipificar igualmente la suplantación de identidad y el hostigamiento. Es el segundo intento para este proyecto, que ya deber sido presentado en 2022 y perdió estado parlamentario. El lanzamiento fue en un conversatorio que contó con la presencia de Laura Sánchez, mamá de Ema, la nena de 15 añada que se suicidó en agosto ulteriormente de que un compañero de escuela de la localidad de Longchamps viralizara sin permiso un video que los mostraba teniendo relaciones sexuales. Al cierre de esta nota se esperaba que la comisión de legislación penal sacara el dictamen para llevar al tema al recinto antes del fin del período ordinario.

En este contexto, Paula es una sobreviviente. No habla de la difusión de su fraternidad sino puntualmente del descuido que permitió que ella lo descubriera cuando lo hizo. “Yo estoy segura de que él me quiso matar”, asegura. Está convencida de que no fue casual: “Quizás a alguna mujer no le significa tanto, pero otra mujer se suicida.

Y él sabía a quién se lo estaba haciendo, lo destructivo que era para mí”.
Paula averiguó. Porque ya no hay orden de restricción, mis hijos están en contacto. “Hablé con mi abogada y le pregunté ‘¿Qué pasa si yo me muero?’.

Así que listo, no se hable más. Y no, no se puede. Pregunté si podía dejar un papel diciendo que no quiero que estén con él. Yo no me puedo morir”.

Territorio de historias», una alianza entre duración Argentino con laRed de Editoras de GéneroyUnfpa Argentina.
* La inclusión de estas noticias y titulares no implica el respaldo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina.
Esta nota forma parte del trabajo «duración de narrar.