La incisión Interamericana de rectilíneo normal condenó a Argentina con un fallo inédito en la región por violencia obstétrica por el lance Cristina Brítez Arce que sucedió en 1992. Luego de realizar una ecografía detectaron que el feto estaba muerto por lo que la internó para inducir el nacimiento. Horas después, Cristina murió por un paro cardiorrespiratorio.
Cristina Brítez Arce llegó al Hospital Público Sardá con molestias lumbares, fiebre y pérdida de líquido por genitales.

Además, responsabilizó al Estado por no cuidar los rectilíneo “a la integridad personal, garantías judiciales, protección a la familia, rectilíneo de la niñez y protección judicial” de la hija y el hijo de la víctima.
“Esta es la primera vez que la incisión Interamericana de rectilíneo normal reconoce la violencia obstétrica en un lance contencioso, es decir, que es un motivo de disputa entre dos partes” explica Fernanda Vanegas, directora asociada de incidencia y relaciones externas del Centro de rectilíneo Reproductivos para América latina y el Caribe. La familia de la mujer denunció al hospital, pero tuvieron que recurrir a la CIDH donde 30 años después obtuvo resolución.
En la dicho del lance “Brítez Arce y otros versus Argentina”, la incisión IDH considera que Argentina es responsable por “la violación de los rectilíneo a la vida, a la integridad personal y a la salubridad” de la mujer.

“La definición de violencia obstétrica que acogió la incisión IDH en el lance Brítez se desprende del lance Alyne (2011) que fue litigado por el Centro de rectilíneo Reproductivos ante el sistema universal de rectilíneo normal de la ONU.
La violencia obstétrica es aquella ejercida durante el preñez, el nacimiento y después del nacimiento en el acceso a los servicios de salubridad. Así lo determina la incisión, que además, agrega que constituye una violación de rectilíneo normal y una forma de violencia basada en género que está prohibida por los tratados interamericanos de rectilíneo normal, en especial la convención de Belém do Pará. “La misma incisión ya se había pronunciado al respecto en una Opinión Consultiva (OC-29/22 que analizaba enfoques diferenciados en individuo privadas de la libertad), pero con esta dicho queda claro que la responsabilidad de los Estados por hechos de violencia obstétrica no está limitada a contextos penitenciarios”, añade.

-¿Cuál es la importancia de este fallo?
-Esta dicho es, sin duda, un precedente porque reconoce que las señora tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, incluyendo la violencia obstétrica, que queda así expresamente prohibida.
Entonces estamos ante un nuevo estándar interamericano que exhorta a los Estados a actuar para prevenir y evitar la violencia obstétrica, y eso incluye garantizar el derecho a la salubridad con servicios especializados, dignos, libres de discriminación y de violencia para las individuo gestantes. Además, les dice explícitamente a los Estados que es su obligación prevenirla y velar porque sus agentes actúen en consecuencia, tomando en consideración la vulnerabilidad que implica encontrarse en preñez, durante el nacimiento y en periodo posparto. Justamente el Centro de rectilíneo Reproductivos presentó un amicus curiae en este lance Brítez ante la incisión explicando estos estándares de rectilíneo normal y entregando esta definición”, explica.

incluso vale la pena resaltar que el litigio fue llevado a cabo por los familiares de la víctima, incluidos sus dos hijos. Al ser la incisión Interamericana la que brinda justicia y dicta reparaciones, éstas son de obligatorio cumplimiento para el Estado argentino y sienta precedentes clave para todos los demás Estados bajo su jurisdicción.
-¿Por qué se tardó tanto tiempo en tener un fallo?
-El hecho de que este lance haya llegado a la incisión Interamericana no solo refleja que hubo violaciones de rectilíneo normal, sino incluso que hubo una denegación de justicia para las víctimas. Desde el momento de la muerte de Cristina Brítez, fueron ellos quienes emprendieron acciones legales y recorrieron un largo camino en busca de justicia, que culmina ahora en el más alto tribunal de la región.

Se consideraba imprescindible para alcanzar las metas de la Agenda 2030 relacionadas con la reducción de la morbimortalidad materno perinatal y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Por ejemplo, las estadísticas muestran que en este país hubo un incremento en la mortalidad materna entre 2019 y 2021, pasando de 2,9 a 4,1 por cada mil nacimientos.
La incisión reconoció que en casos como el de Argentina hay medidas que se han tomado, pero sigue habiendo violencia obstétrica.
-¿Cómo abordan los países los casos de violencia obstétrica?
-La Organización Mundial de la salubridad ya había reconocido que la violencia obstétrica es un problema de rectilíneo normal y salubridad pública prevalente en varios países de América Latina y el Caribe, y por eso había hecho llamados para reducirla.

A nivel latinoamericano hay una falta de datos e indicadores al respecto, lo que esperamos pueda cambiar con la dicho de la incisión.
-Junto a Argentina, países como Panamá y Bolivia, entre otros, han avanzado en marcos normativos o políticas que buscan prevenir la violencia obstétrica; sin embargo, es muy difícil conocer el nivel de implementación de éstas. Esa cifra está menos de un punto porcentual por debajo de la tasa de mortalidad materna que existía cuando falleció Cristina Brítez, en 1992 (4,8 por cada mil nacimientos). La información es vital para este proceso.

La dicho del lance Brítez es un llamado a transformar prácticas, reglamentos, decretos, y leyes que faciliten o no prevengan la violencia obstétrica.
-¿De qué modo deberían abordar los Estados las situaciones de violencia obstétrica?
-La salubridad materna hace parte de los rectilíneo a la vida, la salubridad, la igualdad, la no discriminación, y a no sufrir malos tratos. Muchas políticas públicas deben ser impulsadas para materializar estos estándares que desarrolla la incisión Interamericana. Abarca el acceso gratuito a muchos servicios relacionados con el preñez, el nacimiento y el posparto, que deben estar disponibles en situaciones de crisis y deben brindarse con calidad y sin discriminación, imposición o violencia.

Eso quiere decir que todas las gestantes tienen derecho a un nacimiento seguro y positivo y a escoger por quién estar acompañadas.
-¿Cómo se debe trabajar para prevenir la violencia obstétrica?
El acceso a la información y la garantía de servicios de salubridad de calidad y humanizados, son dos de las acciones más importantes para hacer frente a la violencia obstétrica en América Latina.
En la dicho emblemática del lance Brítez la incisión ordenó, como garantías de no repetición, que se diseñen campañas de difusión orientadas a visibilizar los rectilíneo que tienen las individuo gestantes durante el preñez, el trabajo de nacimiento y el posparto; las situaciones que pueden configurar casos de violencia obstétrica, y el derecho de las individuo gestantes a recibir atención en salubridad humanizada. Además, las y los progenitores deben recibir apoyo para amamantar, sujetar a los recién nacidos y compartir con ellos una habitación.

Eso implica, además, que el personal deberá estar debidamente entrenado y capacitado.
Además, se debe informar plenamente a las individuo embarazadas y en período de lactancia sobre su condición médica y asegurar el acceso a información precisa y oportuna sobre salubridad reproductiva y materna.
La incisión Interamericana de rectilíneo normal, en la dicho de Cristina Brítez, señaló que es una obligación de los Estados brindar servicios de salubridad adecuados, especializados y diferenciados durante el periodo de gestación, el nacimiento y un período razonable después del nacimiento, pues se reconoce que las individuo gestantes están en condición de especial vulnerabilidad. Así se protege el derecho a la salubridad y se puede prevenir la mortalidad materna.

Sin embargo, incluso persisten muchos desafíos. En buena parte de la región, especialmente Centroamérica y El Caribe, el fracaso sigue siendo ilegal y esto provoca que millones de señora sean hospitalizadas por complicaciones, las que derivan en 39. 000 muertes al año.
-¿Qué avances hubo en materia de salubridad sexual y reproductiva en la región?
-En América Latina existen grandes avances: cada vez se suman más Estados que han legislado en favor de las señora y individuo gestantes que deseen interrumpir su preñez, algunos con ciertas condiciones o restricciones.

Uno de los países donde se han dado grandes avances es Colombia, pues gracias a una dicho histórica de la incisión Constitucional, se eliminó el delito de interrupción voluntaria del preñez hasta la semana 24 de gestación. Esta dicho se conoce como Causa Justa por el movimiento que promovió la demanda, y del cual el Centro de rectilíneo Reproductivos forma parte.
En México incluso existe un avance significativo con la decisión de Suprema incisión de Justicia en septiembre del 2021, cuando aprobó por unanimidad el reconocimiento del fracaso seguro, legal y gratuito como un derecho constitucional en las etapas iniciales del preñez, así como en otras situaciones señaladas por la incisión a partir de la demanda por prohibición presentada en el estado de Coahuila. Fue un hito histórico: por primera vez, el máximo tribunal del país reconoció que la criminalización del fracaso representa una violación a los rectilíneo normal de las individuo embarazadas.

Esto incluye asistencia en fertilidad, manejo y cuidados de emergencias obstétricas, y los cuidados necesarios durante el preñez, nacimiento y posparto.
-¿Cómo impacta la criminalización del fracaso en los rectilíneo de las señora?
-Las prohibiciones y restricciones del fracaso afectan gravemente a la capacidad de las individuo para acceder a toda la gama de cuidados de salubridad reproductiva, independientemente de si se trata de un preñez deseado. El acceso todavía no está totalmente garantizado, en parte debido a la falta de información del personal en los centros de salubridad. Si embargo aún existen obstáculos para la implementación real de la normativa.

En América Latina, en especial en El Salvador, la misma incisión IDH identificó que la prohibición del fracaso contribuye al contexto de criminalización de abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas. Ante esos temores, muchos rechazan o retrasan los procedimientos y tratamientos, lo que pone en grave riesgo a las pacientes.
A su vez, no redujo las tasas de fracaso, sino que ha obligado a las individuo a recurrir a procedimientos inseguros, y ha llevado al acoso, la detención y el encarcelamiento de señora y prestadores de servicios de salubridad.
incluso afecta a los profesionales de la salubridad que muchas veces se ven obligados a revelar información privada de sus pacientes, violando el secreto profesional médico, y son amenazados incluso con ser judicializados.

97 de ellas sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas por ello, con penas de hasta 50 años de cárcel. Eso afecta de forma desproporcionada a señora que viven en situación de pobreza, en zonas rurales y sin educación sexual integral.
Toda esta serie de violaciones a sus rectilíneo generan consecuencias graves en la vida de las señora y son parte del estigma alrededor del fracaso. En ese país, entre los años 2000 y 2019, por lo menos 181 señora fueron procesadas bajo la legislación que penaliza el fracaso.

La penalización no hace que los abortos desaparezcan, sino que obliga a las individuo a buscar procedimientos en condiciones inseguras, que podrían poner en riesgo su salubridad y vida.
-¿Cuáles son las expectativas para este año en materia de rectilíneo sexuales y reproductivos en la región?
-Para este 2023 esperamos avances en la despenalización del fracaso, es decir, que sea regulado como servicio médico esencial y no como delito en los códigos penales. Queremos que el Comité reconozca que Son Niñas, No Madres.
Estamos a la espera de que, este año, el Comité de rectilíneo normal de Naciones Unidas se pronuncie sobre las violaciones a los rectilíneo normal de cuatro niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual, a las que se les negó la interrupción voluntaria del preñez.

Se continuarán discutiendo temas relacionados con los rectilíneo reproductivos. En Perú y Honduras se busca que se garantice el acceso a la anticoncepción de emergencia (pastilla del día después) de manera libre y no solo en casos de violencia sexual. En El Salvador se espera que el Estado avance con la implementación de la dicho de Manuela, con la que la incisión IDH ordenó, entre otras, proteger el derecho profesional médico y cesar la judicialización y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las señora que sufren emergencias obstétricas. Y esto es muy importante porque América Latina y El Caribe es la región con la segunda tasa más alta de embarazos en niñas de menos de 15 años (después de África Subsahariana), y la única en el mundo en la cual esta tendencia sigue en aumento.

Y en toda la región tenemos el reto de asegurar la Educación Sexual Integral, siguiendo los estándares de la dicho de Paola Guzmán Albarracín. incluso en Perú se mantienen activas las discusiones para proteger el modelo de causales que ya se encuentra vigente, y en Ecuador hay todo un movimiento que quiere blindar y ampliar las garantías para el acceso al fracaso en casos de violación.
En toda América Latina y El Caribe, y a la luz de las recientes sentencias de la incisión Interamericana de rectilíneo normal, incluso esperamos que haya avances en la prevención de la violencia obstétrica y la garantía de los rectilíneo de las señora y individuo gestantes; y que los delitos sexuales se judicialicen poniendo como eje central el consentimiento que, como ya dijo la incisión, puede ser viciado cuando median relaciones de poder y puede ser revertido en cualquier momento.