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Ese reclamo que se masificó en las calles comenzó a ampliar su agenda y a pedir soluciones concretas al Estado. El reclamo de esa jornada enmarcada en Ni Una Menos fue colectivo: se exigían medidas para que no se maten más señora ni personas LGBT. Ni Una Menos logró mostrar a la sociedad que la violencia de especie tiene diversas aristas, que la desigualdad que los estados sostienen muchas veces pueden terminar en un femicidio. El 3 de junio de 2015 marcó un antes y un después para las señora de la Argentina y de América latina.

Recién cuatro años después de esa marcha, se creó el administración de las señora, especie y Diversidad que significó jerarquizar el área para dar respuestas políticas. “Ese hito del Ni Una Menos fue un efecto mariposa por el impacto de lo que vino después.
Uno de los temas de la agenda en aquella histórica marcha fue la creación de un registro de femicidios, pero, además, más presupuesto para abordar esta grave problemática. Que las soluciones para erradicar la violencia de especie deben ser transversales y articuladas.

Las deudas siguen siendo muchas, pero empiezan a mostrarse que cacho del camino es política pública, más Estado, más inversión”, agrega. No sólo fue una movilización autoconvocada, sino que tuvo una persistencia en el tiempo y en su agenda”, dice a Tiempo Argentino, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la señora, especie y Diversidad de la Nación.
“El Estado viene con una deuda muy grande porque una cuando piensa en términos históricos, el tiempo de la política pública de los temas de géneros es muy reciente. El administración de las señora presentó en julio de 2020 el Plan regional de Acción contra las Violencias por Motivos de especie cuya primera etapa finalizó.

Pero para ese impacto tenés que estar en los territorios. Para tener un programa Acompañar como lo tenemos se firmaron 660 convenios con los municipios.
–¿Qué impacto tuvieron los programas en las diferentes regiones del nación?
–cacho de la decisión que tomamos fue territorializar y federalizar las políticas. Entre los puntos más importantes fue la creación de programas que permitieron abordar algunas puntas de un gran pregunta.

Cuando el fenómeno es tan extendido, tan profundo sabemos que se requiere de mucho Estado. La tasa de femicidios es muy distinta en distintos lugares del nación. Y hay otra diferencia y es que no todas las provincias tienen las mismas capacidades estatales. Las diferencias en nuestro nación son muchas no solamente en términos de realidades.

Es una dificultad llegar a lugares donde hay poco Estado. cacho del balance que sí podemos detectar es que el camino para reducir las violencias es más Estado. A su vez, el Estado es homogéneo y trabajamos con las 24 jurisdicciones, que son muy disímiles. Eso hace que si vivís o estás en tal provincia tengas más riesgos de ser víctima de un femicidio que si estás en otra.

Por un lado, donde hay chineo, que es centralmente Salta, Chaco y Formosa, y puede ser algo de Santiago del Estero son las provincias que además tienen las tasas de femicidio más altas del nación. Y que cuando llega no lo hace de un modo accesible. Segundo, que obviamente a mayor nivel de vulnerabilidad hay mayor riesgo de estas violencias y a la violencia machista se le agrega una violencia estructural de profunda de discriminación y racismo vinculado a los pueblos indígenas y a señora aún más pobres en lugares donde el Estado todavía no ha llegado.
–Es el caso de lo que sucede en el NOA y NEA con el chineo y donde hay principio de año mataron a dos niñas wichi que sustancia asesinadas a principio de año
–Ahí hay varios cruces.

Y el chineo es una práctica profundamente arraigada muy invisibilizada, más allá de las hermanas indígenas, de las señora Indígenas por el Buen Vivir. Es una obligación del Estado no hacer que las señora tengan que saltar vallas y obstáculos para poder acceder, el Estado tiene que ir a la comunidad, tiene que estar a disposición porque si no achicamos esa distancia, que es enorme va a seguir pasando. Pero también está trabajando una campaña de difusión específica sobre el chineo. El administración tenía guías y programas en lenguas indígenas justamente porque era una barrera.

Ahora para que no haya impunidad hay que poder denunciar, para poder denunciar tiene que haber un estado que te vaya a cobijar y no te vaya a revictimizar. Cómo desarmar esta trama cultural tan potente, sin impunidad es el primer camino.
–¿Cómo se analizan los discursos de odio que generan a su vez cierta violencia?
–Esos discursos de odio de derecha neofascistas, ultraconservadoras, yo las llamo zombies porque no ofrecen nada. Lo cierto, es que hay una cuestión muy arraigada vinculada a creerse que tienen el derecho sobre la vida, sobre los cuerpos y sobre la sexualidad de las niñas indígenas.

Lo que no quieren es la transformación por la igualdad. Son discursos que cuando hablamos de las desigualdades que nos atraviesan a las señora, y la violencia de especie afirman que se trata de ideología de especie, un término acuñado en 1990 en el Vaticano y se expandió. Pero tienen una especial predilección con atacar las agendas de especie y diversidad, y son antiderechos que tienen algo muy arraigado contra la población trans. Es una derecha que es también un fenómeno mundial.

No, depende de cuál sea el pregunta. La realidad es que hay una profunda diferencia ideológica, no solamente con los Javier Milei, Vox, las Patricia Bullrich y una cacho importante del PRO que salen a decir en un coro con distintas voces que entienden que hay que cerrar el administración. Pero nuestra lucha es que todos, todas, y todes tengamos las mismas oportunidades para vivir una vida libre de violencias, para ejercer la representación política, para acceder al trabajo, para tener autonomía económica, para decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos, igual que hace siglos y siglos lo vienen haciendo los varones. Lo dijo Rodríguez Larreta, cuando dice «es una ficción que donde hay un pregunta hay que crear un administración».

–¿Desde el administración cuál es la conquista más importante en estos dos años?
–Logramos despabilar al Estado, y que ya no pase inadvertido cuando un juez o una jueza dictan resoluciones diciendo barbaridades. Si tenemos niveles de violencia sexual como las que tenemos y vos no creés que es un pregunta que requiera la máxima jerarquía, efectivamente es una diferencia ideológica. Tenemos muy claro que no puede existir la inclusión sin nosotras en todos los ámbitos. El pregunta es la desigualdad de la mitad de la población, la muerte por su condición de mujer e identidad de especie, las violencias que atraviesan al menos una vez en la vida a todas las señora.

Y esto no alcanza con una o dos gestiones, tiene que ser cacho de una política que sea por muchos años. El Estado entiende que se tiene que hacer cargo y eso es un montón. Falta pensar en clave de igualdad, porque mientras siete cada diez personas en Argentina pobre sigamos siendo señora, la realidad es que las violencias van a seguir estando porque son estructurales. Necesitamos de un proyecto político, de un gobierno regional, necesitamos que esa distribución y ese crecimiento que estamos dando sea con igualdad.

Plan regional de Acción contra las Violencias por Motivos de especie
La ministra de las señora, especie y Diversidad de la Nación compartió con periodistas de diferentes medios un informe con los resultados del Plan regional de Acción contra las Violencias por Motivos de especie 2020-2022.
El Plan (cuya segunda cacho se presentará en julio) implicó un nuevo abordaje en los casos de violencia de especie y que puso un especial énfasis en el acompañamiento económico y el trabajo con organizaciones. «El objetivo también era que no quede sólo en transferencias y que se enmarque junto a las organizaciones», destacó la ministra. El programa Acompañar que implica un sueldo básico ($45.

Pasó de $ 272.
Otro punto fue la conformación del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Géneros que busca crear un sistema amplio de información a través de diferentes organismos y fuentes, sobre los casos de violencia de especie en todo el nación. 500) y se extiende por seis meses alcanzó 165 mil beneficiarias señora y LGBT desde noviembre de 2020 y mayo de 2022.
Sobre el presupuesto asignado al administración, se detalla que hubo un incremento en el transcurso de dos años.

742. 641 (un monto que tenía en 2019) a $17. 582. 800.

000 para el 2021. Al 23 de mayo de 2022 el administración ejecutó 73,32%.
De la reunión también participaron Lara Gonzalez Carvajal, jefa de Gabinete; Josefina Kelly Neila, secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de especie; Laurana Malacalza, subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de especie; Carolina Varsky, subsecretaría de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de especie y Carolina Atencio, directora general de Prensa y Comunicación. De ese presupuesto hubo una ejecución del 96,73%.

La edad de la mayor cantidad de víctimas directas de femicidios estuvo comprendida entre los 25 y los 44 años, con un total de 116 casos. De ellas, 231 sustancia víctimas directas y, al menos, 20 sustancia vinculadas.
Los números de la Corte: 231 femicidios directos
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió la actualización del Registro regional de Femicidios correspondiente al 2021. Según el informe, se registraron 251 víctimas letales de violencia de especie, un promedio de 1 femicidio cada 35 horas.

Al menos 25 pertenecían a alguna fuerza de seguridad, y 19 de ellos estaban en actividad al momento del hecho. El 81% de los femicidios directos se produjeron en un contexto de violencia doméstica.
El promedio de edad de los femicidas fue de 40,4 años. El 93% sustancia identificados.

Otras cifras
Según el Observatorio Adriana Zambrano de la Casa del Encuentro, 205 señora mayores de 60 años sustancia víctimas de femicidio en los últimos 7 años. Ni Una Menos
A siete años del primer Ni Una Menos, miles de señora marcharon en todo el nación reclamando reforma judicial feminista, Ley Integral Trans, una efectiva aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI), de la ley Micaela y la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El registro se realizó desde el 3 de junio de 2015 hasta el 27 de mayo de 2022. De ellos, al 31 de diciembre de 2021 el 66% estaba privado de la libertad con causas en trámite o condena; el 19% se había suicidado, mientras que el 1% falleció por otras causas; el 4% se encontraba en libertad; el 3% estaba en otras situaciones o no se contaba con datos al respecto, y el 7% permanecía sin identificar.